Así matan el derecho a la protesta

El gobierno asegura que respeta el derecho a la protesta, pero, en paralelo, saca a sus grupos de choque para combatir cualquier manifestación que se organice en su contra y, lo que es peor, manda a detener a algunos marchistas, como ocurrió con ocho jóvenes durante la protesta organizada por los médicos en contra de la persecución política en La Paz.

Está claro que el operador de esta estrategia es el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien justificó las detenciones indicando que “grupos de esta calaña deben ser desarticulados por el bien de la democracia en nuestro país”. Y lo hizo amparándose en el informe del GIEI, que insta a desarticular grupos irregulares, pero el ministro no da cuenta que los grupos de choque del MAS, que operan en cada manifestación, son irregulares porque ejercen violencia, coartan el derecho a la protesta y actúan al amparo de la Policía.

En la marcha de los médicos, evidentemente algunos manifestantes salieron con escudos y petardos para repeler justamente a los grupos de choque del MAS, lo que demuestra que la violencia siempre puede generar más violencia.

En todo caso, el gobierno tiene a su servicio al aparato represor del Estado, a los fiscales y hasta a los jueces, por eso no duda en apresar a los grupos del bando oponente y mantiene la protección a los grupos irregulares del MAS.

El ministro Del Castillo, hay que recordarlo, es integrante del colectivo Columna Sur, una organización política radical que ejecuta acciones físicas y violentas en las calles contra los manifestantes de diverso tipo.

Pero, no es el único grupo azul de esas características, en las calles también operan los denominados Satucos, que responden al viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, así como los movimientos sociales del MAS que, ante cualquier anuncio de protesta, se organizan para salir a repeler las protestas.

En la última semana, por ejemplo, actuaron en contra de los médicos, en contra de las madres que piden que el subsidio sea entregado en billetera móvil y se organizaron para contrarrestar el paro cívico convocado por Santa Cruz.

Con acciones directas en las calles, con detenciones y en última instancia con juicios es como el gobierno va matando el derecho a la protesta en Bolivia y va tomando rasgos cada vez más autoritarios.

De esta manera, el Gobierno se impone generando miedo, pero aleja más el consenso, que es lo que el país necesita para avanzar en la reconciliación y la reactivación económica.