Castillo vacado, efectos para Bolivia

El Congreso peruano aprobó la moción de vacancia del Presidente Pedro Castillo. Lo acusaron de improbidad moral. Más allá de si fue un golpe del Ejecutivo al Legislativo o una conspiración, lamentablemente una vez más el Perú transita por un período de inestabilidad política.

Lo que debe preocupar y ocupar, es que parte de lo ocurrido tiene trascendencia en la política exterior boliviana; porque uno de los hechos incluido dentro de las acusaciones fueron las declaraciones de Castillo a CNN en las que ratificó su postura sobre el mar para Bolivia.

Prestamente algunos políticos peruanos alzaron su voz de protesta y en la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobaron un informe recomendando denunciar a Castillo por traición a la Patria. Según ellos, lo dicho originaba una obligación para el Perú y un derecho para Bolivia; era una declaración unilateral, que atentaba a la soberanía territorial.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, la expresión efectuada en ningún caso puede ser considerada como generadora de efectos jurídicos.

Las razones son las siguientes: 1. Fue una ratificación de algo que dijo en un acto político, cuando aún no era mandatario. En ese contexto, una expresión política en cuanto a la conducta futura, no comporta obligación; 2. Un deber emergente de un acto unilateral para su concreción, no debe implicar un comportamiento ulterior por parte del beneficiario. En el presente caso queda claro que debía existir una contraprestación, como por ejemplo la entrega de gas boliviano para el sur peruano; 3. Un acto unilateral formulado por una persona autorizada para representar internacionalmente al Estado –como es el Presidente– no surte efectos jurídicos, cuando se requiere confirmación expresa. Castillo deja claro que la oferta requería la aprobación del pueblo mediante referéndum; y 4. Es nulo un acto unilateral si ha sido manifestado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental de su derecho interno. La Constitución peruana prevé un procedimiento de ratificación de los Acuerdos Internacionales, sin ello no son vinculantes.

En síntesis, fue una “simple declaración”, una manifestación de buena voluntad, que por supuesto se aprecia y agradece, más nada.

Lo preocupante es la señal política que se da, porque puede actuar como un antecedente intimidatorio para que las autoridades peruanas eviten siquiera referirse al tema marítimo boliviano. Hacerlo podría ocasionar ser acusados de supuesta traición a la Patria, sea cual fuere los términos o alcance que se quiera darle.

En ciencia política, el poder –entendido como una relación de influencia sobre algo o alguien, o como la consecución de obediencia– también se consigue condicionando el comportamiento futuro, a través de la amenaza.

Propiciar una especie de autocensura por temor a sanciones, en la aspiración marítima boliviana, no es un escenario adecuado. Recordemos que el Perú tiene un rol esencial, ya que la única opción realista para una salida soberana al Pacífico, es al norte de Chile. Territorio que no puede ser cedido por Chile sin el asentimiento del Perú, en virtud del Protocolo de 1929.

No hay otra opción razonable. Pretender que la salida sea por antiguos territorios bolivianos, significa partir en dos a Chile. Es más, en la demanda marítima, para acceder a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, Bolivia reconoció la vigencia plena del Tratado de 1904, sepultando la tesis revisionista.

Esperemos que nuestra Representación Diplomática en Perú, de manera discreta, se haya acercado a personas claves del proceso político peruano para hacer conocer nuestra postura, ya que más allá del adjetivo calificativo que se le quiera poner a las declaraciones de Castillo, se las sobredimensiona y malinterpreta, con afanes políticos.

Para eso tenemos diplomáticos viviendo en el exterior, para construir una red de contactos que les permita gestionar asuntos de interés nacional, que no pueden ser abordados mediante notas, negociaciones formales o manifestaciones públicas.

Ojalá los políticos entiendan que la política y las pugnas internas no deben afectar el relacionamiento entre países; porque los gobiernos son transitorios y los Estados perpetuos. No en vano se repite con insistencia que la política exterior es un asunto de Estado, que en esencia tiene el objetivo de generar y preservar un ambiente de paz, distensión, estabilidad y respeto; y no a la inversa.