Del “mito del Silala” a la derrota de Evo en la CIJ

Desde que el caso del Silala adquirió ribetes de controversia internacional a finales de los años 90 del siglo pasado, los bolivianos fuimos construyendo una narrativa respecto a dicho curso de agua internacional, fundada en lo que el Ing. Antonio Bazoberry llamaba “el mito del Silala”. Esa narrativa que básicamente sostenía que las aguas del Silala conforman un sistema hídrico cerrado, íntegramente boliviano, que no llegaría a Chile si no fuera por los canales artificiales que cruzan la frontera entre ambos países, ha sido contundentemente refutada y desbaratada, por las representaciones de Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ciertamente, después de años de creer sinceramente que el usufructúo de esas aguas en Chile se hacía en detrimento de los derechos legítimos de Bolivia, como ocurre también con las aguas del Lauca, el Caquena y otros recursos hídricos que cruzan, definen o subyacen la frontera boliviano-chilena, respectivamente; ahora finalmente sabemos que eso no es así, o no tan así, porque el Silala es en realidad, aunque nos cueste admitirlo, un curso de agua internacional.

Aunque el “mito del Silala” fue parte de nuestra narrativa oficial durante más de veinte años, había quienes desde un principio sabían la verdad, como los ex cancilleres Antonio Aranibar Quiroga y Juan Ignacio Siles del Valle, o el director de la Comisión de Límites y Soberanía de la Cancillería, Dr. Teodosio Imaña Castro (+); quienes tuvieron la valentía y responsabilidad de comunicarlo públicamente, contradiciendo la narrativa oficial imperante y exponiéndose por ello al escrutinio de la opinión pública boliviana más patriotera y nacionalista, que naturalmente los criticó, interpeló y acusó de traición a la patria. El fallo de la CIJ del 1ro de diciembre pasado es, entre otras cosas, una suerte de reivindicación para el honor de esos hombres, que fueron varias veces mencionados en los alegatos de Chile.

Pero los aludidos no fueron los únicos bolivianos que reconocieron la internacionalidad de las aguas del Silala, sino que también lo hizo la propia Cancillería boliviana el 2009, cuando como resultado de la inédita e interesante aproximación a Chile que se conoció como la Agenda de 13 puntos, se alcanzó un preacuerdo bilateral sobre las aguas del Silala que decía textualmente que el Silala es un “sistema hídrico”. Aunque en este caso no era tan evidente la referencia a que se tratara de un curso de agua internacional, porque un sistema hídrico puede comprender un conjunto de recursos acuáticos que no necesariamente cruzan, definen o subyacen una frontera, como un acuífero y un bofedal por ejemplo; quedaba implícito que se trataba de un sistema hídrico compartido, porque exactamente la mitad del caudal (50%) fue reconocida como de propiedad de Bolivia, que sería compensada pecuniariamente por las personas jurídicas que hacían y aún hacen uso de las aguas del Silala (FCAB y CODELCO). La otra mitad – decía ese mismo preacuerdo – sería sometida a unos estudios conjuntos que debían definir cuánto le corresponde a cada parte.

Hasta ahí el conflicto parecía tomar el rumbo correcto, que nos llevaría a la solución del mismo. Sin embargo, a poco andar devino en Palacio Quemado un extraño y seguramente no asesorado impulso del entonces presidente Evo Morales por inflamar las relaciones con La Moneda, mediante una sarta de acusaciones, fundadas e infundadas, que pintaban a Chile como un mal vecino. Entre las infundadas estaba la de “ladrón de aguas” que supuestamente obedecía al “uso que hace Chile” de las aguas bolivianas del Silala.

Ciertamente, en su discurso por el día del mar de 2016, Evo Morales prorrumpió: “He instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, lo que encendió las alarmas en Santiago, donde se empezó a desempolvar los documentos que ya hacía algunos años se había empezado a elaborar en la Cancillería chilena para demandar a Bolivia.

En efecto, bajo el argumento de que las acusaciones y amenazas de Morales habían generado incerteza jurídica para Chile respecto a las aguas del Silala, y ante una situación en que La Paz parecía estar imponiéndose sobre Santiago tanto en la confrontación político-discursiva como jurídica (poco antes la CIJ le había dado la razón a Bolivia en la fase preliminar del proceso “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”), el irascible canciller chileno, Heraldo Muñoz, decidió devolver la bofetada y con el consentimiento de la presidenta Michel Bachelet, instituyó un nuevo proceso contra Bolivia ante la CIJ, que luego sería registrado como “Disputa sobre el estatus y uso de las Aguas del Silala”.

Así fue como se llegó a un momento clave de esta historia: el momento de decidir si Bolivia aceptaba el caso y se sometía nuevamente a la jurisdicción de la Corte, o lo rechazaba y se desentendía totalmente, porque no se trata de un caso entre dos estados que pueda ser ventilado en la CIJ, sino de una controversia entre el Estado boliviano y las empresas chilenas que utilizan las aguas: FCAB y CODELCO. Pero a pesar de esa realidad y del hecho aún más grave de que el Silala es innegablemente un curso de agua internacional, Bolivia decidió aceptar el caso y enfrentar nuevamente a Chile en la Corte. Al parecer, en esos momentos, en que nos sentíamos envalentonados por el buen resultado obtenido en la CIJ, que recientemente se había declarado competente en el caso que Bolivia había incoado en 2013; la decisión no se tomó en base a la frialdad de la realidad técnico-científica, sino al calor de los intereses políticos-electorales de los gobernantes de turno, pues no olvidemos que también estaba en juego el orgullo de quien había amenazado con demandar a Chile, y no podía ser que ahora rechacemos un proceso que supuestamente habíamos querido iniciar.

De esa manera se inició el proceso y Bolivia contrató al reconocido Danish Hydraulic Institute (DHI) para realizar los estudios correspondientes, Chile presentó su memoria, e incluso antes de conocer el catastrófico fallo sobre la demanda marítima ya nuestros representantes sabían, a ciencia cierta, que el Silala no es un recurso hídrico enteramente boliviano, sino que también tiene sus porciones subterráneas y superficiales en Chile. El desconcierto y el pánico seguramente se apoderaron de Diremar y de la Embajada de Bolivia en Países Bajos, había que responder pero ¿cómo? En junio de 2018, Morales llegó a decir que por recomendación de los expertos, Bolivia no contrademandaría.

En eso, alguien en el equipo jurídico boliviano sugirió la novedosa tesis del “flujo artificial”, aumentado, mejorado o producido a través de los canales artificiales construidos en territorio boliviano por la antecesora de la FCAB, la anglo-chilena The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Co.

Entonces Bolivia contrademandó en base a ese argumento y tuvo que reconocer que parte de las aguas fluyen de manera natural, es decir que el Silala es un curso de agua internacional. Eso sucedió a finales de agosto de 2018. Morales hizo una aparición televisiva en la que se mostró dubitativo, leyó la contrademanda y luego, ante las preguntas de los periodistas, agregó: “Más bien yo quisiera que empiece el diálogo, pero algo quisiera que sepan: más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia, que de Bolivia a Chile. Si es así la situación geográfica, mejor es negociar y dialogar. Si digo esto ya ustedes pueden entender sobre los resultados que se puede tener en La Haya”.

Inmediatamente después, las autoridades chilenas, tanto el Canciller Ampuero como la Agente Fuentes dieron a conocer lo que había ocurrido, pues aunque se trataba de información reservada, era motivo de festejo para Chile: ¡Bolivia se había allanado en la parte principal de la demanda chilena! Mucho después, cuando la canciller del gobierno de Jeanine Añez, Karen Longaric, reveló lo mismo, algunas voces opositoras quisieron culparla por haber divulgado información confidencial, pero era algo que ya se sabía a esas alturas, porque las autoridades chilenas lo habían dicho antes.

Luego vino la presentación de los documentos que faltaban de cada parte y a pesar de la disposición que Morales había mostrado por negociar, la cancillería boliviano no respondió una propuesta oficial que hizo Chile para llegar a un acuerdo extrajudicial. Eso se confirmó después, durante las audiencias orales, cuando la parte chilena hizo conocer esa situación a los jueces de la Corte.

En esas mismas audiencias, los peritos de Bolivia demostraron con claridad la existencia del flujo mejorado, y Chile, además de reconocer la soberanía de Bolivia sobre los canales, que era algo previsible, se vio obligado a declarar que no tiene un derecho adquirido sobre una parte del caudal del Silala, la parte que ha sido mejorada, aumentada o producida artificialmente mediante la canalización.

Es decir que, a lo largo del proceso, no sólo Bolivia se allanó a reconocer la petición de Chile, sino que Chile también se allanó respecto a la petición de Bolivia, pues antes del proceso, específicamente en 2002, Chile había rechazado la intención que tenía Bolivia de cortar el flujo de las aguas canalizadas. Ciertamente, el 26 de febrero de ese año, el gobierno boliviano, a través de un comunicado de su Cancillería, anunció que “Un curso de acción es el de disponer el cierre del flujo de las aguas manantiales del Silala, canalizadas por procedimientos artificiales hacia el territorio de Chile”. En respuesta, el 4 de marzo del 2002, el gobierno de Chile, mediante otro comunicado, expresó “su rechazo a toda medida que pueda entorpecer el flujo de las aguas del rio Silala”.

Así las cosas, el 1ro de diciembre de 2022, la CIJ emitió su fallo sin aceptar ninguna de las peticiones presentadas por las partes y rechazando dos de ellas, una del demandante y otra del demandado. Los jueces determinaron que como hay coincidencias entre las partes, cuatro puntos de la demanda chilena y dos de la contrademanda boliviana ya no tienen objeto y que, por lo tanto, la Corte no está llamada a pronunciarse al respecto.

Ahora bien, es evidente que el fallo favorece más a Chile pues ha quedado establecido, por el acuerdo de las partes, que el Silala es un curso de agua internacional, sobre el que Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable y al uso actual (que hacen la FCAB y CODELCO), pero también ha quedado establecido que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales construidos en su territorio y que por tanto, tiene derecho a desmantelarlos para revitalizar los bofedales del Silala, sin que ello suponga una violación al Derecho Internacional.

En otras palabras, para Bolivia se trata de una situación mucho más desfavorable que la que emergió del preacuerdo del 2009, pues ni siquiera se habla de compensaciones; pero, por otra parte, Chile no tiene certeza jurídica sobre todo el caudal del Silala, pues el mismo Chile ha reconocido que no tiene un derecho adquirido sobre el flujo que no llegaría a su territorio si no fuera por los canales artificiales. Entonces, resulta evidente que la controversia no se ha resuelto del todo, y no lo hará si Bolivia desmantela los canales porque eso podría agravar aún más el conflicto, lo lógico sería volver a la mesa de las negociaciones y alcanzar un acuerdo, en el que se defina qué podría dar Chile a cambio de que Bolivia no desmantele los canales.

Por lo demás, si en algo podemos coincidir con el ex canciller Muñoz, es que este resultado, es principalmente una derrota de Evo Morales.