El combustible de los autoritarismos

Algo que muchos presidentes, diplomáticos y analistas políticos que analizan la guerra en Ucrania no entendieron a tiempo, está siendo deletreado y exigido por grupos de activistas adolescentes en las calles europeas. El movimiento ambientalista de Europa, y en especial activistas del este del continente, están exigiendo a sus autoridades coherencia en el corte de consumo de combustibles fósiles de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. La mayoría de las sanciones actuales aplican a importaciones de carbón y petróleo, pero no así a la importación de gas desde Rusia que sólo en el 2019 representó más del 40% del abastecimiento de gas del continente. Los activistas ambientales dirigiendo campañas en contra de dichas importaciones, pese a su corta edad, entienden la interrelación entre la dependencia energética europea de combustibles fósiles, la explotación de los mismos en países con gobiernos autoritarios y las cleptocracias que se instalan alrededor de este sistema para beneficiarse económica y políticamente del mismo. Basta con ver a Maduro y Putin de ejemplos.

Esta cadena de dependencia y hasta cooperación se podría haber evitado con una transición más rápida hacia energías renovables en Europa, cosa que dichos movimientos venían exigiendo hace años. Hoy, en una situación de conflicto armado, países como Alemania se encuentran entre la espada y la pared debido a su dependencia económica de energías fósiles provenientes de Rusia y el peligro bélico que significa para su propia región continuar proveyendo recursos a este régimen. Esto ilustra el usualmente ignorado peligro que conlleva hacer negocios con dictaduras, lección que disidentes del mismo país ruso como Garry Kasparov vienen repitiendo hace mucho tiempo, y que muchos países, el nuestro incluido, no terminan de aprender.

He mirado con admiración la insistencia de estos movimientos juveniles en Europa porque creo que aunque sus condiciones sean profundamente distintas a las de los movimientos ambientalistas en Bolivia, nuestros esfuerzos para ilustrar la interrelación entre democracia, derechos humanos y medio ambiente, es la misma. Al mismo tiempo, la aparente ceguera de autoridades que no tienen la voluntad política de actuar sobre problemas concretos en los que estas áreas se intersectan, también es repetitiva, aunque me atrevo a decir que en un nivel mucho más preocupante y normalizado en Bolivia. Ejemplo de ello es nuestra propia incapacidad de transicionar a un mayor uso de energías renovables y nuestra continua dependencia de la exportación de gas, cuya producción hoy está en descenso.

Un reportaje recientemente publicado en la plataforma de periodismo independiente Diálogo Chino recalca claramente el retraso del gobierno Boliviano en su supuesto plan de transición a energías renovables: A la fecha, la producción de gas natural representa más del 80% de la generación nacional en su totalidad, mientras que la producción de energía renovable no llegó ni al 7% según datos del 2021. Esto contrasta profundamente con el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, presentado a inicios de 2014, que prometía la generación del 75% de nuestra electricidad de forma renovable. Qué lejos estamos.

Al mismo tiempo, muchas de las obras eléctricas que nos llevarían a energía eléctrica renovable se están ejecutando, irónicamente, con daños al medio ambiente y violaciones a derechos indígenas. La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP) ha denunciado esto numerosas veces, siendo la represa Chepete-Bala uno de los casos más emblemáticos, con más de 100 comunidades de pueblos indígenas desplazadas si llega a concretarse.

Quisiera decir que espero que en Bolivia no tengamos que enfrentarnos a una crisis regional para apurar el paso a energías renovables, pero la realidad es que ya estamos en una crisis ambiental que se repite anualmente: Hemos perdido millones de hectáreas a quemas forestales, la minería ilegal ya ha impactado ríos en áreas protegidas como el Madidi, y la invasión a nuestros parques naturales se evidencia hasta en el narcotráfico creciente. El impacto de toda esta crisis ambiental ya se puede sentir en la economía del país pero continuará empeorando si no implementamos energía verdaderamente renovable, aparte de contener el daño ya hecho. La pregunta es: ¿Dónde está la voluntad del gobierno de hacerlo?