Mauricio Alzérreca Medrano
Especialista en Políticas Públicas
sábado , 10 de diciembre de 2022 - 04:02

El régimen político en la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano

El gobierno del MAS, como una coalición corporativa de organizaciones sociales, en su mayoría del occidente, intenta legitimar sus intereses de clase social dominante para reproducir su poder, cooptando y utilizando a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Fuerzas Armadas y Policía, así como otras instituciones, pretendiendo someter a los “otros”, que son “enemigos”, por pensar y actuar diferente y en contra de sus intereses, lo que está generando una conflictiva y violenta convivencia política y social cotidiana en Bolivia y, especialmente en Santa Cruz.

El régimen político de este gobierno responde a un proyecto absolutista de concentración del poder, que es una realidad contraria a la organización política, jurídica e institucional establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce a Bolivia como un Estado unitario, libre, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomías e inclusive plurinacional en lo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.

Este régimen ocasiona la destrucción de la pluralidad en Bolivia, instala un sistema excluyente de la diversidad, con prácticas de discriminación, regionalismo y racismo, con peligrosos niveles de polarización social, a partir del uso de discursos y relatos divisionistas entre el “pueblo” y los “racistas croatas”, como en el caso de Santa Cruz, que lleva a una conflictiva y violenta convivencia entre bolivianos.

En parte, estas son las explicaciones por las que, en el impresionante cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre, se determinó revisar la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano reconsiderando opciones viables constitucionalmente para decidir el destino de Santa Cruz amparado en el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos.

La CPE establece que la estructura y organización funcional del Estado boliviano está integrada por los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Fuerzas Armadas y Policía entre otras instituciones, sin embargo, en la realidad y de manera inconstitucional estos órganos no son independientes y están subordinados a decisiones políticas poco democráticas del régimen político instalado por el gobierno del MAS.

Es necesario resaltar que las principales causas de las dañadas y tóxicas relaciones políticas de la sociedad con el Estado boliviano, son las decisiones y prácticas políticas segregadoras, discriminatorias y violentas del régimen político del gobierno, dirigido a distintos grupos sociales de Bolivia que no tienen membresía política del MAS y que ejercen su derecho democrático de resistencia civil, generando un círculo vicioso interminable de conflictos sociales y políticos violentos de alta intensidad entre Estado y Sociedad.

Asimismo, existe el riesgo de realizar interpretaciones equivocadas de lo que significaría la revisión de la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano en términos de reivindicar el federalismo o posicionar la intención del separatismo a partir de la creación de un Estado independiente y soberano. La Comisión Constitucional del Comité pro Santa Cruz podría analizar que este tipo de iniciativas más radicales podrían ser contraproducentes al considerar al Estado como la causa principal del problema y, no focalizar su atención en el régimen político, lo que podría profundizar la polarización, desunión, enfrentamientos culturales y racismo, consolidando la dinámica sistémica del círculo vicioso de violencia que conduce al debilitamiento de los tejidos de la sociedad boliviana. De esta manera se estaría contribuyendo al MAS en su intención de consolidar su proyecto absolutista y totalitario de concentración y reproducción del poder.

Por lo tanto, una de las claves para mejorar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, es encontrar factores de unidad y fortalecer los tejidos sociales de Bolivia con el compromiso de continuar luchando por la democracia e interpelando al Estado de manera incansable e irrenunciable, con movilizaciones sociales y manifestaciones democráticas que no permitan avanzar al régimen político inconstitucional de este gobierno.

El paro cívico por 36 días para la realización del Censo, los cabildos masivos y la aprobación de la Ley, interpelaron al régimen político logrando la posibilidad de una redistribución más equitativa de recursos económicos de coparticipación tributaria y recursos políticos de democracia representativa para el año 2024 y 2025, evitando la vulneración de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la población cruceña en particular y de la población boliviana en general.

De hecho, este gran sacrificio de Santa Cruz se traduce en limitar el deterioro de la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano, debido a que al menos jurídicamente se ha revertido la decisión del régimen político de someter a Santa Cruz para que injustamente y de forma abusiva y arbitraria no se lleve a cabo la aplicación oportuna del Censo para realizar una redistribución más equitativa de recursos económicos y políticos en Bolivia. Se debe continuar con la vigilia sobre las acciones de los órganos ejecutivo, electoral y legislativo del Estado para que se cumplan con lo establecido en la Ley y en el Decreto Supremo de realización del Censo.

Otro ejemplo actual de este tipo de acciones que intenta mejorar la relación de la sociedad con el Estado boliviano y que deberían ser consideradas en el marco de la revisión de la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano, es el proyecto de reforma del sistema judicial que está impulsando un grupo de juristas independientes.

Esta movilización social por el Censo, así como otras realizadas por distintos temas que interpelan al Estado y a un régimen político abusivo, son la evidencia de una sociedad que está luchando constante e incansablemente para evitar la vulneración del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, así como de la CPE, intentando corregir la descompuesta relación de la sociedad boliviana con el Estado.

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