Gabriela Ichaso Elcuaz
lunes , 07 de febrero de 2022 - 05:12

Gabriela Ichaso Elcuaz

Jeanine no es terrorista, Dr. García Sayán

Comenzó febrero, el mes que anunciaron que llegaría a Bolivia el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Dr. Diego García Sayán.

Si alguien creyó que el connotado jurista viene de paseo o a invitación protocolar del presidente, algún ministro, parlamentario o juez de los máximos tribunales del Órgano Judicial, tenga presente que su viaje oficial responde al lapidario informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, serían las siglas en inglés) que a fines del año 2021 confirma “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.

El informe que elaboró un equipo de diez expertos recomienda “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso”.  Sin embargo, ante el silencio demoledor del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Plurinacional de Justicia y el Consejo de la Magistratura, un tribunal sin competencia para procesar a una ex Presidenta Constitucional de Bolivia pretende iniciar el juicio oral y público el 10 de febrero, por la vía penal, contra la señora Jeanine Añez Chávez, en base a un desdoblamiento inédito del caso abierto por terrorismo, conspiración y sedición contra otros, sugestivamente ampliado 48 horas antes de su detención el 13 de marzo del año pasado contra ella. 

El TCP, el TSP y el Consejo de la Magistratura son los absolutos responsables del Órgano Judicial y conforman un poder del Estado en sí mismos; son garantes de la Constitución, del respeto a los derechos humanos, de las garantías del derecho al debido proceso.  Atónitos, día a día, nos enteramos a través de diferentes medios de información, cómo callan y permiten que el Gobierno abuse contra una persona, como también que asuma prerrogativas que son competencia del Órgano Judicial, usurpando sus funciones.

La razón de ser del Órgano Judicial es la existencia de un poder independiente y autónomo que administre justicia. ¿Cómo es posible que formen parte y admitan que una comisión con integrantes del poder político revise los actos de (in)justicia en materia de feminicidios, violaciones o los delitos que fueren?

La expresidenta Jeanine Añez se encuentra detenida preventivamente hace 331 días por la denuncia de terrorismo, conspiración y sedición.  El CAT alertó por la tipificación de estos delitos en base a “conceptos extremadamente vagos”. Silencio de los máximos tribunales de justicia.  El CAT recomendó adoptar “una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basado en el mérito”.

El mismo Comité de las Naciones Unidas pidió a Bolivia “efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos” pero si los políticos no se dieron por aludidos porque han condenado anticipadamente a una inocente, ésa no debiera ser la conducta de la justicia.  Como tampoco es independiente ni transparente quedarse en su limbo, propiciando que sea condenada en un juicio desdoblado una boliviana, una mujer, una expresidenta, sólo porque no hacen nada para reparar los daños de la ilegalidad y eligen someterla al maltrato, el escarnio, la negación de sus derechos, las torturas de mantenerla presa y sometida a un proceso inminente montado para condenarla por delitos configurados a pedido del poder político.

Jeanine Añez no es terrorista, señor relator Dr. García Sayán, señores magistrados.

El artículo 184º de la Constitución Política del Estado de Bolivia le otorga al Tribunal Supremo de Justicia la atribución de “preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional” pero desconocemos si es la parálisis, la flojera, la dependencia o la negligencia que deja en manos de comisiones la administración de justicia, o en el poder político, la condena de una inocente.

 

Gabriela Ichaso es diplomada en DDHH y escritora. Twitter: @gabrielaichaso

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