Juan Antonio Morales
Profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.
jueves , 08 de septiembre de 2022 - 04:04

La importancia de llamarse técnico

La mayor parte de los especialistas del desarrollo económico coinciden en subrayar la importancia de una buena gestión pública. Fernando Chávez, en Ideas del pasado domingo 28-08-2022, e Iván Finot anteriormente, también efectúan un recuento de lo que debe ser una administración pública basada en méritos y de las restricciones políticas que se tiene.

Colombia es un ejemplo de buena administración pública. Se habla poco de Colombia, excepto para subrayar los problemas que le aquejan y la elección de un presidente de izquierda. Se ignora que es un país con una economía muy estable, que no sufrió la década perdida de los años ochenta, como todo el resto de América Latina, que tiene un crecimiento sostenido y envidiable. Colombia está desplazando a la Argentina en la clasificación de economías avanzadas de esta parte del mundo. Una clase empresarial pujante, innovadora y de gran visión, junto con una administración pública, profesional y competente, explican el desempeño colombiano. Una lástima que, a veces, la contienda política oscurezca los logros. Sea dicho de paso, el recientemente electo presidente de la República, Gustavo Petro, ha nombrado al prestigioso economista, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

En una conferencia del BID en Washington, a principios de siglo, un conocido conferencista había establecido un ranking de las administraciones públicas. Colocaba a la boliviana por encima de la venezolana, lo que no era de sorprender, pero lo hacía también por encima de la peruana, lo que era más asombroso. La Contraloría General, entonces de la República, la Superintendencia de Entidades Financieras (la actual ASFI) y el Banco Central de Bolivia estaban consideradas entre las instituciones estrella de la región.

La calificación que le daban los analistas internacionales a la Contraloría, tal vez era demasiado generosa. Los observadores nacionales podrían hacer notar que sus funcionarios no habían entendido nunca el principio básico de la Ley SAFCO, de gestión por resultados. Se limitaban a un chequeo del cumplimiento de formalidades, lo que está bien, pero es insuficiente. Eran y son incapaces de juzgar resultados, lo que por cierto es más subjetivo y exige mayor madurez. Ahora que se está en puertas de elegir un nuevo contralor, los legisladores deben preocuparse también por cuidar que el nombramiento no recaiga en un tribuno de la Santa Inquisición.

Desde el segundo gobierno de Paz Estenssoro, un poco motivados por el Plan Decenal de 1962 y por la Alianza para el Progreso, el país hizo un gran esfuerzo para el perfeccionamiento profesional de los servidores públicos. Un estimado colega de los años setenta se calificaba a sí mismo, como “técnico de alto nivel” y tenía razón. Lamentablemente la politización durante el gobierno del presidente Morales produjo un decaimiento de la función pública. Politización siempre ha habido, pero no en los extremos a los que se llegó en esa presidencia y ahora.

Para tener una administración pública de calidad hay que atraer talento, lo que tiene varias exigencias relativas a las remuneraciones y a la seguridad de la carrera funcionaria. Los bajos salarios (muy inferiores a los de los dirigentes sindicales en comisión, que además ganan sin hacer nada) y los riesgos legales conspiran contra una función pública de calidad, necesaria para la modernización del estado y para el desarrollo económico. Con relación a los salarios, un viejo adagio de economistas, aplicable tanto al sector público como al privado, dice “si pagas maníes, consigues monos”. Los riesgos legales, por su parte, promueven la inacción e inhiben decisiones oportunas. Los altos funcionarios de gobierno deben gozar de las debidas inmunidades y no ser víctimas de juicios penales sin ton ni son, con el trillado y no bien entendido argumento de incumplimiento de deberes. El artículo 28, inciso b, de la Ley SAFCO enuncia el principio de la presunción de licitud de los actos de los funcionarios públicos, que debe ser respetado en todos sus
alcances.

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