La inclinación corrupta de la autonomía universitaria

“Hay corrupción cuando alguien tiene un poder monopólico sobre un bien o servicio, posee la discrecionalidad de decidir y en qué medida, favorecido por la falta de transparencia ante la ausencia de controles sobre las acciones del sujeto en cuestión” (Cartier-Bresson).

Uno de los factores de pobreza de cualquier país es la corrupción sistematizada, cuyo amargo ejemplo tenemos en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, donde la naturalidad de esta forma de enriquecimiento determina que se viva en un estado de hipercorrupción permanente, sin dejar de considerar que un rasgo muy importante para tan proterva forma de vivir es, entre otros varios, el cultural, que más allá del irrespeto por la ley, lleva a esa especie de zánganos del género humano a gozar de todo tipo de ventajas, desangrando las arcas de un Estado como el nuestro, de por sí exprimido por quienes como los Achacollo o Murillo, y centenares de autoridades, lo hacen desde tiempos inmemoriales.

Tuvo que ser un hecho criminal como el acaecido en la Universidad Tomás Frías, cuyo saldo nada tuvo que ver con la corrupción, sino con el abuso de poder, el que destapara el modus operandi de una calaña de vagos que hicieron del robo su mejor manera de vivir. Solo les es suficiente comprar una matrícula invirtiendo algunos billetes de corte menor, para percibir sueldos absolutamente ilegales, indiscutiblemente inmorales y, finalmente, ofensivos al gran conglomerado de profesionales que con mucha fortuna pueden acceder a exiguos ingresos en oficios informales que apenas les permiten sobrevivir.

En nuestro país son escasos los funcionarios corruptos que han pasado por los estrados judiciales para rendir cuentas de sus negociados y el uso indebido de influencias; muchos menos son los que han pagado sus culpas y prácticamente ninguno fue obligado a devolver el dinero robado al pueblo, el cual diariamente se sumerge en las honduras de la miseria debido a esta subespecie que se queda con las cargas del pueblo.

Es inocultable que el sistema de universidades públicas hace un abuso de las autonomías de abismal diferencia conceptual con la impunidad de los hechos de corrupción que en su interior se produce, sacralizando la ilegalidad a que se han acostumbrado. Y la referencia no se limita a los dirigentes “estudiantiles” que hacen del enriquecimiento ilícito una vergonzosa forma de vivir.

La propia Constitución, en su Art. 93-III, establece que las universidades públicas están obligadas a la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo, pero además están comprendidas en la fiscalización de la Contraloría General.

Y como en Bolivia las alternativas al enriquecimiento no son muy varias, la política a través de los partidos que se prolongan hasta las universidades, es el mejor y más fructífero modo de hacer fortunas, y no menos puede esperarse de una cleptocracia que llega casi a los primeros niveles de decisión gubernamental. Y cuando el dinero aparece como objetivo final y sus actividades son el servicio a otros, aparecen vacías de sentido, a menos que se las recompense económicamente. Eso es precisamente lo que sucede en el sistema universitario público, en el que incluso los rectores ven a sus casas de estudio como republiquetas inmunes a la acción del Estado. Si esa percepción parece equivocada, suficiente es leer el texto constitucional que obliga a las propias universidades al control de su gasto, cuyo incumplimiento está visto.

Pero el caso que recientemente ha enrabietado al país, llevándonos a una vergüenza colectiva, es, con seguridad, uno de los muchos contubernios que se construyen entre autoridades universitarias y esos remedos de estudiantes, porque la corrupción en el sistema universitario tiene que ver con una de las formas de abuso en el ejercicio del poder en una típica asociación con el manejo arbitrario de las normas y recursos que otros necesitan porque el propio sistema les permite. Y es que cuando el hambre y las ganas de comer se juntan...