Carla Jemio Uría
Abogada
martes , 24 de enero de 2023 - 04:03

La legalidad de los impuestos

A raíz de la publicación del Decreto Supremo (DS) Nº 4850, de 28 de diciembre de 2022, muchos “analistas tributarios” han advertido la creación de un nuevo impuesto a la renta y el encarecimiento de los bienes muebles, criterio que llamó la atención de unos y fue blanco de críticas por otros.

Ante dichas aseveraciones tan alarmistas, vale la pena cuestionarnos ¿cómo se aplica un impuesto en el Estado o de dónde surge? Al respecto, remitiéndonos al Código Tributario Boliviano (CTB) que es la norma donde se establece el régimen legal del Sistema Tributario Boliviano aplicable a los sujetos pasivos sometidos a la potestad del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, advertiremos que el Artículo 6 de dicho cuerpo normativo prevé que sólo mediante Ley se puede crear, modificar y suprimir tributos, lo que se conoce como el Principio de Legalidad. En ese marco, un tributo solo puede ser creado con una norma con rango de Ley, misma que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el ejercicio de sus atribuciones legislativas y conforme el procedimiento señalado en la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, no es posible establecer un impuesto con Decreto Supremo, considerando que éste tiene un contenido normativo reglamentario de una Ley, siendo jerárquicamente inferior (prelación normativa).

Del análisis previamente descrito y revisado el texto del DS N° 4850, se puede afirmar que el mismo de ninguna forma crea un nuevo impuesto, pues se limita a reglamentar el tratamiento tributario para las personas naturales que ejercen la profesión u oficio en forma libre o independiente que, a partir del 1 de enero de 2023, pasaron de tributar en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), conforme se tiene de las modificaciones efectuadas a la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) por la Ley N° 1448, de 25 de julio de 2022.

En cuanto al criterio de que se habría “encarecido los bienes muebles”, debemos recordar que antes del aludido DS N° 4850, ya existía el tratamiento de pago del impuesto vía retención conforme se dispone en el Artículo 3 del DS N° 24051(reglamento del IUE) cuya data es del 29 de junio de 1995, donde claramente se establece que las personas jurídicas (empresas) que efectúan pagos por la prestación de un servicio o por la adquisición de un bien y que no esté acompañado por la factura, deben retener el impuesto que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor. En consecuencia, la referida norma reglamentaria, únicamente ha mantenido dicho tratamiento de retenciones para la venta de bienes muebles en el IUE, considerando que los ingresos de las personas naturales por el trabajo desarrollado (prestación de servicios) están gravados por el RC-IVA (Art. 19 de la Ley N° 843, modificado por la Ley N° 1448).

Por lo tanto, el afirmar que un Decreto Supremo crea un nuevo impuesto e incrementa el precio de los bienes muebles, además de contraponerse con el principio de legalidad distorsiona el alcance de una norma jerárquicamente inferior a una Ley, lo que conlleva a generar una falsa realidad en cuanto a la imposición de un tributo y peor aún el especular sobre un inexistente aumento de precio, alejado de una justificación basada en el análisis objetivo y sustentado en el ordenamiento jurídico que rige en el país.

Un tributo
solo puede ser creado con una norma con rango de Ley, misma que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa
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