Miguel Angel Velarde Cuellar
Egresado de la carrera de ciencia política de la UAGRM
jueves , 23 de junio de 2022 - 04:00

La sentencia contra Jeanine Añez: ¿certificado de defunción de la justicia boliviana?

La sentencia de 10 años de prisión, por el supuesto “golpe de Estado”, contra la ex presidente Jeanine Añez, era del todo previsible por las siguientes razones:

1) El de otorgarle al gobierno del MAS un fallo legal que refuerce su discurso de “golpe de Estado” que sólo el ala radical de su militancia cree a ciegas, pero no el resto de la población.

2) Para favorecer a Evo Morales y librarlo de las responsabilidades del fraude electoral del 2019, evidenciado en los informes de los organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea.

3) Refuerza el discurso victimista de que a Morales le fue robada las elecciones del 2019, relato que solo cala en la militancia radical del MAS. Porque toda Bolivia fue testigo que se escapó y se escondió ante la protesta y la rebelión ciudadana.

4) Por último, porque el MAS necesitaba sentar precedente para la oposición partidaria y la ciudadanía. Tratan de camuflar mediante un poder judicial sumiso y corrupto, sus acciones autoritarias.

Pero ¿por qué esta sentencia es un certificado de defunción de la justicia boliviana? si bien la corrupción de la justicia boliviana viene de muchos años atrás, en el gobierno del MAS se acentuó de manera descarada por su afán de prolongarse en el poder, logrando la sumisión del Órgano Judicial al poder ejecutivo de turno, la retardación de justicia y persecución judicial hacia los contrarios al gobierno del MAS, generando una baja credibilidad de la `población en la administración de justicia. En este sentido, la sentencia contra Añez por el supuesto golpe de Estado le otorga un pretexto legal al gobierno del MAS, de salir en una cacería de brujas contra los actores políticos y ciudadanos que encabezaron las movilizaciones de 2019 que dieron lugar a la presidencia transitoria de Añez. Este fallo injusto puede generar protestas ciudadanas, de ambos bandos, que pueden llegar a convulsionar el país, y todo por una decisión sumisa al gobierno de turno por parte de los administradores de justicia, que no hace más que profundizar la crisis institucional que atraviesa el Órgano Judicial y a la vez escribir su propio certificado de defunción en cuanto a la falta de transparencia, independencia y credibilidad ante la población boliviana y la comunidad internacional.

Pero además esta sentencia por supuesto golpe de Estado abre un abanico de interrogantes en materia jurídica del cual no existe jurisprudencia o precedente. Interrogantes que planteo de la siguiente manera:

En materia legal, cualquier acción u hecho que contravengan la Constitución o las leyes son nulos de pleno derecho, en ese sentido, si se ha juzgado una sentencia por el supuesto “golpe de Estado” ¿Todos los actos que realizó la señora Añez en su calidad de presidente quedan anulados?¿Cómo se debe juzgar la ley que dio viabilidad a las elecciones de octubre de 2020, que irónicamente posibilitó la participación del MAS por la cual hoy Luis Arce es presidente y que fue promulgada por la expresidenta Añez en coordinación con la Asamblea Legislativa controlada por el MAS?¿Es la presidencia de Arce fruto de un acto inconstitucional y consecuencia de un “golpe de Estado”? La sentencia contra Jeanine indicaría que sí. Entonces ¿Cómo se juzgarían los actos del presidente Arce siendo que su gobierno es fruto de un acto inconstitucional?

Lo lamentable de todo esto es que no se avizora una mínima posibilidad de una reforma estructural en el Órgano Judicial, no hay voluntad política para encarar su reforma, misma que la población viene exigiendo desde hace tiempo. Y es que por más que existan buenas propuestas por parte de investigadores especialistas en el tema, académicos y profesionales sobre la materia, los que tienen la última palabra para llevar adelante esta acción, en este caso el MAS que tienen mayoría simple en el parlamento, lo único que hacen es dilatar este proceso porque no le interesa un órgano judicial independiente, un órgano judicial transparente, y cualquier propuesta que quiera lograr la transparencia y la independencia, simplemente lo posponen porque ellos están cómodos con el actuar turbio de la justicia.

Pero, por otro lado, tenemos una oposición política partidaria timorata ante el poder de turno, e incapaz de generar un sentido común e ideas fuerza en la ciudadanía, que posibiliten generar una presión o movilización hacia el gobierno para encaminar y encarar una reforma estructural en la justicia. Pero también es necesario mencionar que muchos opositores han tenido una connivencia con esta forma de administrar justicia, incluso en el gobierno transitorio.

Lo cierto es que esta crisis del sistema judicial no se podrá cambiar con simples cumbres por la justicia, o por simples reformas que no toquen lo estructural en la justicia, la reconstrucción del Órgano Judicial y demás órganos e instituciones que son el sostén de la institucionalidad democrática de un país pasa, necesariamente, por un cambio en la forma de Estado, cambio que pasa por una reforma de la Constitución y que, de no hacerse, seguiremos adentrándonos en un círculo vicioso de contradicciones y de fallos judiciales a gusto y placer del poder político de turno.

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