Rolando Morales Anaya
Economista
jueves , 24 de noviembre de 2022 - 04:04

La urgente necesidad de participación de las regiones

Las desatinadas resoluciones del cabildo del 13 de noviembre en Santa Cruz tienen, sin embargo, el beneficio de llamar la atención de Bolivia sobre algunos problemas importantes que requieren urgente atención.

Desde la Ley de Participación Popular y la de Descentralización, Bolivia es un país altamente descentralizado, pero sus beneficios se han dejado sentir solo parcialmente debido a que no se previó definir instancias de coordinación entre las unidades descentralizadas y entre éstas y el gobierno central, lo que restringe el margen de acción de las autonomías.

Cabe observar que el gobierno central no tiene instancias orgánicas dedicadas a escuchar y procesar las demandas regionales. Cuando las regiones requieren tratar con el gobierno algún tema de su interés tienen que recorrer varios ministerios esperando que alguno de ellos los atienda. En el nivel regional, a pesar de la existencia de los consejos departamentales, los municipios se enfrentan con un problema similar, incluso con frecuencia, deciden saltarse esa instancia para venir directamente a La Paz. De esta manera, en forma cotidiana se ven “delegaciones” del interior circular por las calles de La Paz esperando que algún ministerio los atienda. Los campesinos llegan con elegantes ponchos y sombreros, los de las ciudades del interior con terno y corbata.

Además de la falta de interlocutores para dialogar, las regiones no tienen participación en las decisiones nacionales.

Además de estos problemas, molesta a los representantes regionales y provinciales la demora en el tratamiento de sus trámites en instancias del Estado. Este disgusto es compartido por los residentes en La Paz, pero no sufren como los del interior que tienen que viajar varias veces para informarse en qué estado se encuentra su gestión.

Para aliviar la tensión nacional y antes que sea tarde, estos problemas deben ser resueltos con urgencia.

La falta de participación en las decisiones nacionales podría ser solucionada creando un consejo nacional de desarrollo con la participación de los responsables de desarrollo económico de sus regiones, orientado a definir los lineamientos básicos de la política económica del país y con la misión de coordinar las inversiones nacionales y locales.

Paralelamente, en los departamentos corresponde desdoblar las funciones de las gobernaciones entre las que tienen carácter político y las estrictamente económicas. Estas deben dar lugar a una dirección de desarrollo local, con participación de los municipios, y sería la representante del departamento en el consejo nacional de desarrollo.

Por otra parte, es necesario asegurar la participación de las regiones en las políticas sectoriales, especialmente en salud y en educación. En estos últimos sectores, se instituyó, hace muchos años, curiosos sistemas de descentralización que en última instancia trasladan el poder de decidir al gobierno central, incluso en aspectos tan someros como la contratación del personal. En estos sectores se podría crear también consejos nacionales de desarrollo sectorial con la participación de las regiones.

Avanzando en el camino de la participación regional, se podría instaurar esquemas similares a los anteriormente descritos en algunas instituciones, como, por ejemplo, el INE, el que previamente deberá constituirse como una institución autárquica.

Queda pendiente la preocupación de que las reformas constitucionales, en general, no sean suficientes para mejorar la calidad de los servicios muy dependientes del capital humano que los administra. Por ello, deberá convocarse a concursos de méritos a nivel nacional para ocupar estos puestos.

El cambio constitucional que estas reformas requiere tiene varias etapas. En primer lugar, será necesario hacer estudios técnicos para fijar sus características. En segundo lugar, se tiene que consultar a las regiones sobre un primer borrador e introducir los cambios que puedan surgir. En tercera instancia, las reformas tienen que ser aprobadas por el parlamento, eventualmente, después de un referéndum nacional.

Para que las apelaciones de federalismo, autonomías, descentralización, etc. tengan algún sentido tienen que estar acompañadas de sugerencias sobre su funcionamiento efectivo.

Aprovechando la adopción de un cambio constitucional, se podría sugerir algunos cambios en el parlamento, sobre todo en lo que respecta a la disminución del número de representantes y a estrategias orientadas a asegurar su calidad.

Para terminar, se reitera que el problema principal de la descentralización es la falta de canales de diálogo entre las regiones y el gobierno central y la falta de participación de las regiones en las decisiones nacionales.

Además de
la falta de interlocutores para dialogar, las regiones no tienen participación en las decisiones nacionales.
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