Nada de agua salada, peor agua dulce

Como buenos cristianos, hemos dado las dos mejillas y ambas han sido golpeadas con dureza. La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) volvió a estremecer el imaginario colectivo boliviano y lo sarandeó hasta hacernos perder la noción del tiempo y la realidad. Cuando Joan Donoghue empezó a leer la sentencia sobre el caso del uso de las aguas del río Silala en el que nos vimos envueltos con Chile, fue clara y contundente en todos los puntos, ya que le es ampliamente favorable al vecino país, al igual que el 10 de octubre de 2018 cuando la misma Corte sepultó la idea de una negociación con Chile para una salida soberana al Pacífico, ya que negó que haya algún compromiso asumido por los chilenos para ceder territorio y nos acercara al Pacífico.

No nos queda otra que darnos cuenta que tenemos serias deficiencias, tanto o similar como cuando empezó Bolivia en 1825, cuando perdimos en la guerra con Chile, la Guerra del Acre con Argentina, Perú y con Paraguay, y que este tipo de situaciones solo nos hacen ver tan vulnerables en el plano internacional sin tener la mínima intención de generar cambios contundentes y estructurales para evitar pasar vergüenzas y derrotas tan dolorosas como las que nos cuesta nuestra imagen como bolivianos, recursos económicos - que tanta falta nos hacen – seguridad en nuestras acciones y ser más coherentes con nuestro país.

El fallo de la CIJ sobre el Silala dio cuenta del acuerdo que el tribunal observó entre ambas partes durante los alegatos orales en la mayoría de las demandas presentadas por los chilenos, por lo que constató que el cauce es un rio internacional, que Chile tiene derecho a su uso equitativo y razonable y que ambas partes deben promover su cuidado.

Apenas se inició la lectura, la jueza Donoghue explicó que leería una versión abreviada del fallo, comenzando en el párrafo 28. Luego mencionó la serie de acuerdos que el tribunal constató entre ambas partes, dando la razón de esa forma a los primeros tres puntos de la demanda de Chile. “La Corte constata que Bolivia reconoce que las aguas del Silala se clasifican como un curso de agua internacional. También consta que mantiene que las características únicas del río deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar las normas del derecho internacional consuetudinario”, dijo la magistrada.

También expresó de manera clara que el río Silala tiene que tener un uso equitativo y razonable del caudal y “quedó claro que las partes concuerdan que en ese principio se aplica a toda el agua del Silala, independiente de su característica natural o artificial y que las partes acuerdan que tienen derecho al uso equitativo y razonable según el derecho internacional consuetudinario”.

Además, la postura chilena sobre el derecho a esas aguas del río “la Corte constata que las partes se han puesto de acuerdo en esta conclusión (...) por lo que no está llamada a pronunciarse”, dando la razón a la postura del vecino país.

Otro de los puntos que planteó Chile y que la Corte dio a conocer es sobre la obligación de Bolivia de cuidar y prevenir daño ambiental sobre el cauce. “La Corte considera que en el curso del procedimiento las partes han concordado en cuanto al fondo de la alegación de Chile. Así pues, concluye que la alegación ya no tiene objeto y que no debe pronunciarse sobre ella”.

La CIJ expresó que sobre el alcance de la obligación de notificar y consultar con arreglo al derecho internacional el uso del río Silala, la Corte mencionó que los mapochinos no lograron presentar prueba alguna de que los potosinos hayan causado daño y que no todo daño genera obligación de consulta.

Recordemos que los chilenos presentaron el 6 de junio de 2016 la demanda ante la CIJ argumentando que durante más de un siglo el río Silala fue considerado un curso de agua internacional y que Bolivia sorpresivamente cambió su posición en 1999. El gobierno boliviano reclamó inicialmente que este río era un manantial desviado artificialmente a Chile, pero que cambió de postura en 2020 y reconoció que una parte de las aguas de este río fluyen de manera natural al vecino país, pero que también habría un curso artificial subterráneo producido por una canalización. El problema que se dilucidó en la CIJ se concentró en el uso equitativo de las aguas. Es así que, en 2018, Bolivia contrademandó al vecino país ante el mismo órgano jurisdiccional.

La gota que rebalsó el vaso en las relaciones chileno-bolivianas fue cuando el gobierno boliviano, presidido por Evo Morales, demandó a Chile en la Haya para negociar una salida soberana al Pacífico, por ello y ante semejante afrenta en el plano internacional, la ex Presidenta Michelle Bachelet decidió demandar al país vecino ante la CIJ tras las acusaciones de Morales, que dijo públicamente que ellos nos están “robando” los recursos del cauce.