Narcos bolivianos “de exportación”

Al menos tres hechos registrados la pasada semana confirman que el narcotráfico goza de buena salud en el país y que sus operadores trabajan en estrecha relación con el peligroso Primer Comando de la Capital (PCC), lo que representa un serio riesgo para la seguridad nacional.

Por un lado, el martes fue capturado en Brasil el traficante Jorge Adalid Granier Ruiz, conocido como “El Fantasma”, quien se dedicaba al transporte y distribución aérea de droga que recibía de Bolivia a distintos puntos de Argentina.

De acuerdo con un reportaje del diario argentino Página 12, al detenido se le atribuye judicialmente ser el encargado de la distribución aérea de cocaína para varios grupos de narcotraficantes con base en distintos puntos de ese país, entre ellos el Clan Loza y Adelaida Castillo, en Salta, y el clan del narco Esteban Lindor Alvarado, en Rosario.

Justamente en Salta, en febrero de 2022, tres representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) habían solicitado su arresto por ser integrante de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas desde Bolivia. Además, un informe de la DEA advirtió a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de ese país que Granier tendría vínculos con el PCC.

Dos días después de la captura de Granier, el jueves, el boliviano Ruddy Edil Sandoval Suárez, de 37 años, fue hallado muerto dentro de un vehículo en Corumbá, Brasil, con las manos atadas y disparos en la cabeza. Las autoridades presumen que fue ejecutado en Bolivia y luego llevado a territorio brasileño.

En junio de 2022, Sandoval fue acusado por el diputado Erwin Bazán, de Creemos, de tener vínculos con el narcotráfico y nexos con el coronel Gonzalo Medina, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) involucrado en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro, condenado en Brasil a 11 años y 8 meses de cárcel.

Ahora, varios de sus allegados son investigados por enriquecimiento ilícito vinculado con actividades del narcotráfico y la diputada María José Salazar (CC) ha pedido investigar sus vínculos con el PCC.

Y el viernes, un operativo internacional en tres continentes dio con la aprehensión del líder de una banda internacional (Rodrigo Alvarenga Paredes) que coordinaba con cómplices en Bolivia, Colombia y Perú para recolectar drogas y enviarlas a Europa y Oriente Medio.

De acuerdo con las investigaciones, la banda, que habría concretado transacciones por más de $us 700 millones en los dos últimos años, adquiría droga en Bolivia y Colombia para llevarla a Brasil, en complicidad con bandas criminales de ese país, se entiende que el PCC.

Hasta octubre de 2022, al menos ocho líderes de esta organización criminal brasileña habían sido acribillados en el país en diferentes circunstancias, siete de ellos en Santa Cruz y uno en Pando.

Con estos antecedentes, queda claro que los narcotraficantes y bandas criminales, como el PCC, se encuentran muy activos en territorio nacional, fundamentalmente en el oriente, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los bolivianos, en especial para quienes habitan en esas zonas.

Y no es un exceso. El domingo se registró un doble asesinato a manos de sicarios en Puerto Quijarro, población fronteriza con Brasil, donde un joven boliviano y otro brasileño fueron acribillados al salir de un centro de diversión.

Por ello, urge que el Gobierno opere con mayor efectividad para neutralizar esta creciente cadena de criminalidad, que con seguridad se mueve en Bolivia con complicidad de algunos policías. No es suficiente la destrucción de fábricas, lo que se debe hacer es capturar a los narcotraficantes para impactar en sus estructuras.

Destruir laboratorios que se encuentran vacíos para luego hacer presentaciones grandilocuentes no golpea el centro de este negocio. Mientras los narcos y sus nexos continúen libres, el problema estará latente y, peor aún, crecerá cada vez más hasta que algunos territorios del país resulten realmente difíciles de controlar.