Nicaragua y Bolivia, modelos de justicia

Quién hubiera creído que los dos países más pobres de la región, Nicaragua y Bolivia, tuvieran los sistemas judiciales modelos del socialismo del siglo XXI, al punto que pretendían ser emulados por sus aliados de la región, particularmente de Argentina y Ecuador.

En lo que a nosotros se refiere, Nicaragua aún nos gana, razón por la que, seguramente, el Procurador General del Estado boliviano quiere imprimir más velocidad y poner al país, de verdad, en la vanguardia. Veamos:

La justicia nicaragüense fue la que abrió la “senda revolucionaria” de autorizar a su mandatario en funciones ser reelegido en forma indefinida, violando expresamente su Constitución, porque la reelección sería un derecho humano.

Años después, los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia decidieron hacer lo propio en Bolivia y habilitaron con ese mismo argumento la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García, violando la Constitución Política del Estado (CPE) y el referendo constitucional mediante el cual la ciudadanía rechazar modificar la Constitución para habilitar dicha reelección. Los chismes de entonces dicen que el autor intelectual de esa copia fue un experto en redactar resoluciones en contra del país y que fue diputado, ministro, procurador y ahora embajador del proceso de cambio.

En este caso, en Bolivia la justicia ha dado un paso más que Nicaragua. La Corte Interamericana de Justicia declaró expresamente (con el voto negativo de un juez argentino favorito de Cristina Kirchner de Fernández) que la reelección presidencial no es un derecho humano, pero nuestro Tribunal ha decidido no modificar la sentencia de rehabilitación, por lo que Evo Morales podría ser candidato en 2025.

Volvamos a las comparaciones. Ante la necesidad de garantizar que el mandatario nicaragüense siga en el poder sin sobresaltos, éste, con su tenebrosa esposa, instruyeron que el Poder Judicial encarcele y expropie bienes en procesos sumarísimos a todo disidente, hombre o mujer, cura, periodista, militar o laico, que aparezca, así éste haya sido su compañero de lucha o héroe o heroína del proceso revolucionario de la década del 70 que derrocó al dictador Somoza.

En esa senda, desde el Ejecutivo boliviano se ha dado la tarea a policías, fiscales y jueces de procesar y enjuiciar a cuanto disidente se ponga al frente, sin que les importe si lo que hacen respeta la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes. El ejemplo más sobresaliente, aunque no único, es el caso de la expresidenta Jeanine Añez y varios ministros y funcionarios de su gestión; el secuestro y apresamiento del gobernador de Santa Cruz, y los alrededor de 200 ciudadanos, mujeres y hombres, perseguidos políticos sin tener un debido proceso.

Además, el Procurador, expresando sobre todo el deseo del exmandatario fugado, su corte de áulicos y seguramente para no quedarse atrás de Nicaragua, agrego yo, intenta procesar a como dé lugar a obispos de la Iglesia Católica, como ha sucedido en el país centroamericano, particularmente a su más alta jerarquía.

No sólo eso. Desde ambos bandos en los que está dividido el MAS —que carecen, en medio de sus diferencias, del común denominador de no tener capacidad de reconocer el bien del mal ni un elemental respeto a la dignidad humana—, han comenzado a amenazarse con investigar al hijo del primer mandatario y a los hijos del expresidente fugado por supuestos actos de corrupción, poniendo a policías, fiscales y jueces temblando ante la sola idea de ser elegidos para seguir los casos.

Con estos pocos ejemplos se comprende que los amigos del Grupo de Puebla envidien a sus pares de Nicaragua y Bolivia por su capacidad de someter a la administración de justicia. Los Kirchner Fernández de Argentina y los Correa de Ecuador, que tienen ya sanciones en sus respectivos países por robo a las arcas de sus Estados, buscan que la administración de la justicia en sus países quede supeditada al órgano ejecutivo arguyendo que sus titulares obtuvieron, por las buenas o las malas, un mayor caudal de votos de sus ciudadanos mientras que los jueces son elegidos sin respaldo popular.

También se entiende que el MAS, en sus diferentes facciones, o sea, más allá de sus diferencias internas, defiende a rajatabla el actual sistema judicial y ponga cuanto obstáculo encuentra para evitar su reforma... Por todo esto y más, vuelvo a informar que ya he firmo a favor de la realización del referendo para la reforma judicial...