Juan José Toro Montoya
Premio Nacional en Historia del Periodismo
jueves , 01 de diciembre de 2022 - 04:04

No, Nolala

El 7 de abril de este año publiqué un artículo con ese título, “Nolala”. Era, obviamente, un juego de palabras con el nombre del Silala, ese manantial que brota en territorio boliviano, potosino para ser más exactos, y del que me ocupe desde que era corresponsal de El Diario en Potosí, hace por lo menos tres décadas.

Y es que fue El Diario el que desempolvó el asunto del Silala, en la década del ’90, denunciando que una empresa chilena, Antofagasta plc, de propiedad de la familia Luksic, estaba explotando las aguas que salían de aquella vertiente, sin compensar en absoluto a Potosí.

La denuncia tenía una base: el uso de las aguas del Silala fue cedido, en concesión, el año 1908 por la Prefectura de Potosí a la empresa Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Co. Ltd. para que esta la utilice en las locomotoras a vapor que operaba entonces. Fue un asunto entre un nivel de gobierno subnacional con una empresa privada.

En los ’90, la empresa concesionaria ya no existía. Se había convertido en el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) que operaba una red ferroviaria que ya no empleaba el vapor; es decir, el objeto de la concesión había desaparecido. Pero, además, como empresa privada que era, FCAB fue vendida a Antofagasta plc, del grupo Luksic, que era el que se beneficiaba por la venta del agua a prácticamente todo el norte chileno. Los montos por su facturación se medían, y miden, por miles de millones de dólares.

La figura penal es la de un estelionato; es decir, venta de cosa ajena. Así se denunció el asunto en la prensa boliviana y así debió entenderlo el grupo Luksic que constituyó otra empresa, Aguas Antofagasta, que fue vendida el 29 de diciembre de 2015 al grupo EPM, de Colombia, que es el que se beneficia actualmente por la comercialización de las aguas.

Entonces, desde el principio y hasta la denuncia mediática, este era un asunto entre un nivel del gobierno boliviano, que era la Prefectura de Potosí, y empresas privadas. Así lo entendió, en 1994, el prefecto Omar Manzano que revirtió la concesión y su efecto jurídico debió ser que se detenga la venta del agua, y se corte su flujo.

Pero llegó el gobierno de Evo Morales y comenzaron los errores. El primero fue el papel de matoncito con el que se anunció juicio a Chile, mientras todavía estaba pendiente el diferendo marítimo. Santiago no quiso ser denunciado nuevamente y optó por denunciar primero. Ahí vino el segundo error de Morales: se aceptó la denuncia sin más ni más, sin objetar que el gobierno de Chile no tenía nada que ver en un asunto que comprometía a privados.

Después vino el manejo más torpe en una controversia internacional porque el argumento de Chile, en el sentido de que el Silala es un río internacional de curso sucesivo —y, por tanto, de uso internacional— comenzó a ser repetido por el mismísimo gobierno boliviano que, al hacerlo, le estaba dando la razón a su contraparte.

El juicio se manejó mal, así que solo puede esperarse un mal resultado para el país. No será Silala... será Nolala.

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