Ronald Nostas Ardaya
Iindustrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
miércoles , 11 de mayo de 2022 - 09:00

Punto de equilibrio

Qué impide la aplicación de las alianza público privadas?

En los últimos meses, en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz, se han promulgado normas locales o se han incorporado en las políticas de desarrollo, directrices que incorporan a las Alianzas Público Privadas (APP) en los planes estratégicos de la gestión, dando así los primeros pasos firmes para implementar este mecanismo e impulsar la inversión para el bienestar.

Las APP, desarrolladas con éxito en Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Argentina están generando en estos países, fondos adicionales al presupuesto público y mayor inversión en proyectos de desarrollo, incorporando tecnología de vanguardia y mejorando las capacidades de los recursos humanos locales, especialmente en áreas como energía eléctrica, infraestructura vial, telecomunicaciones y equipamiento público.

Bolivia aún no ha tenido experiencias en este tipo de asociaciones, no obstante que desde 2013 se las ha incluido en la Ley 466, bajo el denominativo de “Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta”, aunque solo en el ámbito de las empresas públicas. Desde la promulgación de esa Ley, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas no ha mostrado ninguna intención de aplicarlas, y tampoco se han generado incentivos sectoriales ni específicos para su activación. Aún más, de manera sistemática, el gobierno ha eludido tratar este tema, pese a las demandas permanentes de la institucionalidad empresarial.

Las APP tienen la virtud de ubicarse en el justo medio entre los procesos de privatización, las concesiones y los procesos de contratación pública, mecanismos muchas veces cuestionados por su poca eficacia y escasa transparencia. Así, las APP, reguladas por normas claras y sometidas al escrutinio público, generan obligaciones y responsabilidades conjuntas en la planificación y la ejecución, pero también aportan a la participación y la competitividad, abren el financiamiento a la multiplicidad de recursos disponibles en el mercado, mejoran la transparencia y la fiscalización, y pueden dinamizar áreas como el turismo, el desarrollo tecnológico y los servicios a las telecomunicaciones, la minería y los hidrocarburos.

Más allá de estas ventajas comparativas, quizá su mayor potencial es que pueden constituirse en una alternativa eficaz para impulsar la reactivación económica y enfrentar la crisis que ya está ocasionando la disminución de la inversión pública. Pero además pueden ser la bisagra que articule los objetivos del sector público con el rol empresas privadas, separados artificialmente por barreras de desconfianza e incomprensión mutua.

La aplicación sistemática y estratégica de las APP puede también aportar en mucho a la recuperación, salvataje y optimización de las empresas públicas, en su mayoría afectadas por resultados deficitarios, debido a su escaso conocimiento de los mercados y deficiente administración, falencias que este tipo de Alianzas pueden resolver.

Otro aspecto positivo de las APP es su flexibilidad para ajustarse a los marcos legales y a la planificación regional o municipal, que las circunscribe a proyectos socialmente relevantes y establece claramente que el Estado sigue siendo dueño de los activos, mantiene el pleno control de los sectores estratégicos y fiscaliza todo el proceso.

Las ventajas son muchas y las condiciones están dadas, aunque todavía es necesario promulgar una Ley y un reglamento de las Alianzas Público Privadas, armonizar las diferentes normas locales y, sobre todo, definir una política pública que promueva, active y facilite su aplicación. Considerando la posición coincidente de los actores políticos e institucionales sobre este mecanismo, no parece imposible lograr un consenso entre los partidos, el gobierno, las ETAs y el sector privado para darle el impulso definitivo.

En enero pasado, el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmaba sobre este asunto que “Nosotros estamos abiertos siempre con la alianza; hacer una alianza, por ejemplo, público-privada, donde un privado quiera invertir, digamos, cierta cantidad de recursos y nosotros podemos compartir ese tipo de inversiones en rubros donde podamos garantizar”. Si ya existe la norma, la disponibilidad de los empresarios y la voluntad expresada por el Ministro Huanca, no se entiende dónde está la traba que impide su aplicación.

Bolivia aún
no ha tenido experiencias en este tipo de asociaciones, no obstante que desde 2013 se las ha incluido en la Ley 466
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