Trabajadores ad honoren

El mundo entero está enfocado en cómo dignificar el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se propone, en 1998, asesorar para que los Estados implementen políticas tendentes a lograr el trabajo decente. Uno de los ejes centrales de la propuesta del organismo internacional es que los empleados obtengan por su trabajo un ingreso digno. Toda persona tiene derecho a un salario digno (artículo 46 de la CPE).

Sin embargo, en nuestro país, a pesar de que las normas sancionan a los empleadores que cometen, voluntaria o involuntariamente, violaciones a las leyes laborales, es muy frecuente escuchar en los medios de comunicación a trabajadores, sobre todo en el sector público, que se quejan porque los hacen laborar gratis bajo la promesa de que después recibirán un ítem.

Hace unos días, por Radio Panamericana se entrevistaba a personal médico que trabajaba desde hace tres meses de forma gratuita bajo la promesa ministerial de que posteriormente ellos y ellas serían contratados. Para su sorpresa, después de un tiempo que regalaron sus conocimientos médicos y paramédicos en atención a los pacientes que llegaban a los hospitales públicos, un día encontraron en su puesto a otras personas. La promesa no fue cumplida.

Hace más de 20 años era muy común encontrar en algunos ministerios a trabajadores que ingresaban temprano solo para cuidar su escritorio debido a que existían más personas (sobre numerarios) por escritorio. Estas personas también ingresan a las dependencias esperando que en algún momento se los contrate. Al parecer esa situación todavía se mantiene.

También hace más de dos décadas se conocía, aunque nunca denunciado públicamente, que en la Aduna e Impuestos Nacionales era una práctica el mantener inspectores sin salarios. Seguramente los salarios se los “trabajaban” ellos en las inspecciones. Otro tanto existía en el Ministerio de Trabajo. Habían inspectores de trabajo, con credencial y todo, ad honoren, es decir no estaban contemplados en las planillas.

Estos funcionarios lo que tenían era autorización para coimear. De ahí obtenían los ingresos que llevaban a sus hogares. Durante el gobierno de Carlos Mesa y con el ministro Trabajo Luis Fernández Fagalde se eliminaron esas prácticas de mantener inspectores sin salario. Pero el daño ya estaba hecho, muchos de los inspectores siguieron con la práctica de coimear.

Por la muerte de dos policías y una persona de civil que colaboraba gratuitamente con la Policía desde hace cuatro años a través del Gacip, nos enteramos que esta persona ya no era un joven, tenía 27 años, esposa e hijo y soñaba con poner su propio negocio, pero la Policía no lo apoyaba ni con el pasaje y creo que tampoco le proporcionaba uniforme. Era otro funcionario uniformado al servicio del Estado sin remuneración.

Seguramente existen en otras dependencias estatales funcionarios de esa naturaleza, no nos referimos a los “pasantes” que van a hacer sus prácticas profesionales, sino a personas que trabajan gratuitamente con la finalidad de estar en primera línea para la contratación. Seguramente para lograr algún ingreso, lo que hacen es la función de tramitador tras el mostrador.

Si esta figura de trabajadores gratuitos bajo promesa de que serán contratados ni bien habrá una vacante se realizara en el sector privado, seguramente los empleadores descubiertos recibirían una multa de proporciones que pondría incluso en riesgo la continuidad de la empresa. Pero a los infractores de la Constitución en el sector público ni siquiera, como se dice en las tribunas futboleras, las autoridades les sacan la lengua.

El empleo digno o decente en el sector público es una de las deudas del Estado Plurinacional de Bolivia para con la sociedad. No se puede mantener esta situación porque es una fuente de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y una puerta abierta para la corrupción. Construyamos de veras una sociedad justa equitativa y solidaria empezando desde el Estado.