Windsor Hernani Limarino
Especialista en Relaciones Internacionales
miércoles , 22 de junio de 2022 - 04:00

¿Una crítica sobre DDHH, es una violación a la no intervención en asuntos internos?

¡No, no lo es! Así lo afirmó el destacado Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Jiménez de Aréchaga al manifestar que: “existen asuntos internos que no caen ya en la órbita de cuestiones de carácter exclusivamente o esencialmente doméstico, como el respeto y la observancia de derechos humanos fundamentales dentro de un Estado”. “No constituye intervención una crítica o un comentario por otro Estado...”. (Jiménez de Aréchaga, Derecho Internacional Público, pág. 165)

Más explícito y claro no podía ser. Es errada la idea que existe una prohibición para que los Estados eviten hacer pronunciamientos sobre derechos humanos en otros países.

La razón es que los Estados no son espacios territoriales inexpugnables, donde al amparo del derecho a su soberanía y no intervención en asuntos internos, los gobiernos puedan hacer lo que les plazca; y otro Estado deba quedar impávido e impedido de hacer reproches para no ser acusado de un supuesto intento injerencista.

No, definitivamente no es así. El deber de no intervenir comprende el derecho de los pueblos a elegir su propio sistema político, económico, social o cultural; pero por ningún motivo puede transformarse en un derecho de los gobiernos a disponer de la suerte y destino de los pueblos.

Cabe recordar que los derechos humanos son valores universales e imperativos, no en vano la Resolución 217(III) de 1948, de las Naciones Unidas, fue titulada: “Declaración UNIVERSAL de Derechos Humanos”. La universalidad es inherente a los derechos humanos, porque son expresión de la dignidad intrínseca de todo individuo y consecuentemente exige a todos los Estados el deber de promover su respeto, como esencial condición de paz. Así está dispuesto en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.

Quienes creen que el deber de precautelar la vigencia plena de los derechos humanos está circunscrita solo a la esfera estatal, se equivocan. Las más graves violaciones de derechos humanos fueron cometidas por gobiernos, algunos de ellos democráticamente elegidos y en muchos casos estas transgresiones no hubieran cesado de no ser por una denuncia externa. Por ello, en el ámbito del Derecho Internacional existe conciencia de que el principio de no injerencia no puede transformarse en una barrera protectora detrás de la cual se pueden violar impunemente los derechos humanos.

Los Tribunales Internacionales en varias sentencias ya reconocieron a los derechos humanos como obligaciones frente a todos (erga omnes). No se deben a un Estado en particular, sino a toda la comunidad internacional como parte de un todo. En consecuencia, se reconoce a todos los Estados un interés legal para reclamar su protección.

Por último, los Estados no son forzados a suscribir Tratados. Lo hacen cuando en el ejercicio de su propia soberanía e independencia, deciden adquirir obligaciones, las cuales por tanto, deben ser cumplidas de buena fe.

Para asegurar la observancia de las obligaciones, varios Convenios de derechos humanos establecieron mecanismos autónomos de control como: informes periódicos, comunicaciones o quejas interestatales y denuncias de particulares. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, reconoce la posibilidad de quejas interestatales al disponer que: “Si un Estado estima que otro Estado no cumple con sus obligaciones de acuerdo al Pacto, puede comunicárselo directamente por escrito”(art.41). El recriminado proporcionará una explicación aclaratoria y en caso de no ser satisfactoria el asunto puede ser sometido al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Hay que dejar de descalificar y protestar de supuestos actos injerencistas, ya que no lo son. A cambio, cabría demostrar que se están cumpliendo las obligaciones asumidas y que los cuestionamientos no corresponden. Así se enaltecería la imagen país, porqué él que nada debe nada teme.

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