Alberto Bonadona Cossío
Economista
sábado , 22 de octubre de 2022 - 04:05

Economía de papel

Una necesaria reforma de pensiones

En las economías actuales, la reforma a los sistemas de pensiones es un tema recurrente. En Europa es una seria razón de preocupación, particularmente, porque estas sociedades cuentan con un sistema de aporte definido, o también denominado de reparto, que establece un contrato intergeneracional entre los trabajadores activos y los pasivos. Estos sistemas exigen una relación entre estos dos grupos para que los más jóvenes, con un aporte variable o modificaciones a la baja de los beneficios, alcancen a financiar la pensión de los jubilados. Actualmente, en promedio esa relación es de 3,4 activos por cada pasivo, lo que quiere decir que el aporte de los trabajadores que todavía no llegaron a la edad de jubilación (en torno a los 65 años, dependiendo del país) se aproximan a tener que cotizar mensualmente un tercio de su salario para que entre tres activos sumen la pensión de un jubilado.

En Bolivia, el sistema de contribución definida fue modificado en 1996 por la inminente insolvencia de las instituciones que lo administraban (Fondo de Pensiones Básicas (Fopeba) y fondos complementarios). En su lugar se instituyó un sistema de contribución definida y beneficio no definido. También conocido como sistema de capitalización individual, este sistema exige una cotización mensual del 10% del total ganado a cada trabajador y el conjunto de cotizaciones de todos los trabajadores afiliados se invierte en el mercado financiero para obtener una rentabilidad que permite financiar aquella parte de la pensión que no llegan a cubrir los aportes si tan solo se acumulasen de manera simple, esto es, sin ser invertidos. El funcionamiento de este sistema ha sido objeto de varias críticas y, en algunos casos, se han asumido modificaciones con la esperanza de mejorar las deficiencias que efectivamente las tiene. La que más se destaca en Bolivia es la reforma introducida a fines de 2010 que creó el Fondo Solidario como una forma de aumentar las pensiones más bajas.

Sea por la sostenibilidad financiera de cualquier de los sistemas, ya sea que estén financiados con fuentes públicas o privadas, sea por la necesidad de introducir mejoras para otorgarles mayor equidad o para incrementar la inclusión de sectores relegados del mismo, la necesidad de reformas es parte de la agenda económica y social de muchos países. La eliminación del Sistema de Reparto y Beneficio Definido en Bolivia fue una medida que se tomo al mismo tiempo que se creó el Sistema de Capitalización Individual y Contribución Definida. Fueron, sin embargo, las características de una desacertada administración del Sistema de Reparto las que llevaron a su insostenibilidad, y no así porque sea un sistema insostenible por sus inherentes atributos. Insostenibilidad que notoriamente se agravó con la generación de pesadas obligaciones fiscales abiertas y encubiertas. Estas últimas comprometieron seriamente el futuro de su funcionamiento, precisamente, al no incluir un mecanismo que continuamente evidencie las crecientes deudas futuras (actuariales) que se ocultaban al público en una institucionalizada asimetría de información.

Frente a esa realidad, el sistema de Capitalización Individual se mostró, en ese momento, como el más aconsejable, fundamentado en aportes individuales de los trabajadores. Podía reemplazar al anterior que había llegado a la insolvencia por su incapacidad de pagar las pensiones a sus jubilados en plazos inmediatos o de muy corto alcance. No solo se mostró como un medio de ahorro individual sino también como una poderosa herramienta de inversión institucional. No obstante, se descuidó el desarrollo de los medios e incentivos que hagan posibles que los pagos de pensiones alcancen niveles dignos y formas de preservación de su poder adquisitivo.

Ahora, después de 25 años de funcionamiento, se muestra como otra creación humana; perfectible. Asimismo, no puede considerarse como la exclusiva forma de organización de un sistema de pensiones. Se puede complementar y generar un sistema mixto de pensiones de mayor sostenibilidad. La Ley 65 dio un paso en este sentido. Y abrió las puertas a un sistema combinado con mayores probabilidades de permanencia, de equidad mejorada y posibilidades futuras de aumentar la inclusión social.

El sistema de Capitalización Individual se mostró, en ese momento, como el más aconsejable
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