Editorial

Ofensiva contra Soledad Chapetón

martes, 11 de octubre de 2016 · 00:00
Nuevamente la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, está bajo presión e intimidación. Y otra vez por razones espurias: dirigentes de juntas vecinales de esa ciudad, presuntamente relacionados con el MAS, han iniciado movilizaciones contra ella, éstas que han ido, además, en aumento. 

Inicialmente fueron los vecinos del distrito 8 los que iniciaron un perjudicial bloqueo en la zona de Senkata, aislando a la sede de Gobierno del resto del país. Si la salida hacia Oruro está cerrada, también lo está a Cochabamba y Santa Cruz. Los  dirigentes han señalado razones sin fundamento para realizar ese bloqueo: criticar a la subalcaldesa del distrito 8, Irene Condori, supuestamente por no realizar un trabajo eficiente.

Después, los dirigentes aumentaron la presión y es allí donde resulta difícil disimular los móviles políticos: los líderes vecinales le pidieron a Chapetón no sólo que destituya a Condori, sino a los 14 subalcaldes de esa ciudad. Como se sabe, esos cargos son de designación directa del alcalde o alcaldesa y se mantienen en esos puestos mientras reciban el respaldo de la máxima autoridad  edil.

La carta en la que se le demanda a Chapetón despedir a sus 14 máximos colaboradores fue firmada por la diputada del MAS Mercedes Márquez  y por el exdiputado y ahora ejecutivo de la COR Eliseo Suxo, también de ese partido. Así que la Alcaldesa tiene suficientes  razones para sospechar del  oficialismo y su intento de debilitar su gestión. Ella ha dicho que es evidente que lo que busca el Gobierno es su defenestración y que el paro iniciado el lunes tiene ese fin.

No es novedad que el Gobierno use varios mecanismos para debilitar a sus adversarios: en el pasado logró que varios gobernadores y alcaldes opositores se vieran forzados a renunciar ante sola acusación de fiscal.  Es así como perdieron sus puestos, por ejemplo, Ernesto Suárez, en   Beni, y Mario Cossío, en Tarija. Cuando ese mecanismo ya no pudo ser usado  iniciaron las tareas de asfixia económica, impidiendo que gobernaciones y alcaldías obtengan más recursos e imponiéndoles obstáculos a sus posibilidades de endeudamiento externo. También está la justicia, que establece procesos contra los opositores a veces por decenas. Luis Revilla, alcalde de La Paz, por ejemplo, enfrenta 40 de ellos, y Félix Patzi, el gobernador, unos 20.

Finalmente está el uso de grupos de choque para amedrentar a las autoridades locales y regionales y alentar conflictos por razones poco sostenibles, como el que se comenta. Son malas artes, sin duda, y no sólo perjudican a autoridades de la oposición, sino a una ciudad, como El Alto, que requiere gestión pública y no conflictos.

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