Editorial

Inspecciones a cargo de municipios

martes, 25 de octubre de 2016 · 00:00
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que presentará un proyecto de ley para que las inspecciones vehiculares, actualmente bajo responsabilidad del Organismo Operativo de Tránsito, pasen a ser una de las funciones de los municipios.

Es una buena iniciativa. Es evidente que el sistema montado por la Unidad de Tránsito es ineficiente y poco transparente. Tener que ir dos veces al año a someterse a un sistema lento y lleno de irregularidades quita una cantidad enorme de energías y tiempo a miles de propietarios de vehículos.

La situación es irritante en extremo, debido a que, como se sabe, mientras la Policía es excesivamente puntillosa con algunos propietarios de automóviles, hace la vista gorda con todo aquel que esté dispuesto a cometer una irregularidad o, como se ha demostrado varias veces, que sea parte de algún grupo de presión, por ejemplo sindicatos o asociaciones de transportistas.

Lo demuestran dos recientes accidentes en los que microbuses de La Paz estuvieron involucrados: uno se incendió por completo y el otro chocó contra una plaza, destruyendo un monumento e hiriendo a cinco personas. Es comprensible que ello suceda considerando que ambos buses tenían 30 o más años de antigüedad.

¿Cómo pueden obtener el visto bueno de las inspecciones vehiculares estos choferes cuando a ojos vista sus carros están virtualmente cayéndose? Es una vergüenza que en una ciudad que se dice de sí misma progresista puedan seguir circulando vejestorios de 30, 40 o más años de antigüedad. Cualquier visitante que llega del exterior queda pasmado con el hecho de que esos buses puedan seguir rodando en las calles, cuando en otros países seguramente serían chatarra, o, los más coloridos, piezas de museo.

Y aquí llega también el desafío de la Alcaldía, que hasta ahora, ni en ésta ni en anteriores administraciones  ha  podido enfrentar. Los 3.000 conductores de los antiguos buses que dan servicio actualmente tienen tal poder de movilización y protesta, que no hay cómo retirarlos de circulación. La Alcaldía debería intentar otro mecanismo: pagar algo por esos cacharros y facilitarles a los choferes el otorgamiento de créditos para que puedan renovar sus bienes.

Pero volviendo al tema original de este texto, lo más lógico es que sean los municipios del país los que tengan a su cargo este control. Ello sucede en muchas ciudades del mundo, donde la Unidad Operativa de Tránsito tiene otras funciones, no hacer de mecánicos improvisados. Y como perdería recursos con este cambio, habría que compensarle, de alguna manera, esa merma. Pero el sistema actual, como está, no puede seguir.

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