Editorial

Violencia en las cárceles

sábado, 10 de diciembre de 2016 · 00:00
Dos internos de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en las cercanías de Viacha, en La Paz, murieron en los últimos días. Uno apareció estrangulado en su celda y otro fue apuñalado por varios internos.

 La Fiscalía indaga los hechos y señaló que ocho internos son inicialmente responsables de la muerte de uno de ellos, quien recibió 18 puñaladas. Otro interno apareció colgado en su celda y las autoridades señalaron que se trató de un caso de suicidio.

 Se debe destacar que ello ha sucedido en una cárcel "de máxima seguridad”, en la que el uso de armas al interior del penal se supone que está controlada.

Estos hechos demuestran cómo los derechos de los privados de libertad no se cumplen en lo absoluto. Si hay un sector olvidado por las autoridades y, en general, la sociedad, y sometido a vejámenes y abusos, ese es el de los internos de las cárceles.

La violencia ejercida al interior de los penales por unos detenidos sobre otros, el hacinamiento, los cobros ilegales contra los internos, la necesidad de "comprar” seguridad, etc., todo ello conforma un cuadro dramático  ante la mirada apática de los funcionarios gubernamentales que deberían cuidar que esas cosas no ocurran.

El Estado, como hemos señalado en estas páginas, ha cedido el control de las cárceles, que es su responsabilidad constitucional, a cabecillas de los internos, que alquilan, venden o dan en anticrético celdas que ellos mismos han adquirido de otros reos antes. Así, los acusados más pobres, o con menos posibilidad de defensa, sufren las consecuencias. Por ello, encima de estar privados de libertad, estas personas sufren otros problemas, a veces peores, como la violencia, las extorsiones de jueces, fiscales y policías, etc.

 La situación de las cárceles, y en general la de la justicia, refleja uno de las más graves falencias del Estado boliviano. Las autoridades se han rendido ante su inoperancia y, simplemente, han dejado que las cosas sucedan sin su participación, temerosas de enfrentarse a esos clanes delincuenciales que se organizan a pocas cuadras de los despachos de los ministros encargados de enfrentar el tema, como son los de Gobierno, Justicia, Economía, etc. 

Todo ello para no hablar de uno de los peores problemas que se enfrenta en este asunto, el hecho de que el 80% de los internos no tiene una sentencia, el porcentaje de retardación de justicia más elevado de la región.

Las cárceles bolivianas son una bomba de tiempo: el hacinamiento, la violencia, la corrupción y la criminalidad que se campean en éstas las convierten en un espacio de violación de derechos, que es inaceptable en democracia.

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