Editorial

Propuestas para la reelección

martes, 20 de diciembre de 2016 · 00:00
Se ha oficializado en las últimas horas que el Gobierno intentará forzar la Constitución, o directamente violarla, para lograr la reelección del presidente Evo Morales. Tras meses de especulaciones, que empezaron justo después de la derrota que sufrió el oficialismo en la consulta electoral del 21 de febrero, finalmente las autoridades decidieron desconocer estos  resultados. 

Lo que han decidido las autoridades del país es, en resumen,  que el voto popular no representa, como ellas afirman, "la voz del soberano” y que cualquier vía será utilizada para permanecer en el poder.

Después de la primera declaración en ese sentido, presentada por Álvaro García Linera, respecto a que existen por lo menos "ocho puertas” para lograr la reelección, incluidas algunas indisimuladamente tramposas, como hacer un enroque entre el Presidente y el Vicepresidente o que el mandatario renuncie antes del fin de su periodo para habilitarse, ahora ha sido el propio Evo Morales el que ha confirmado la estrategia. Ha aceptado las "cuatro vías” ofrecidas por el congreso del MAS  y afirmado que  acepta ser candidato y que volverá a ganar los comicios.

El problema es que esas cuatro vías no sólo son inconstitucionales, sino ilegítimas. No por no estar prohibidas  son correctas. Dos se basan en volver a intentar una nueva reforma constitucional, ya sea mediante una nueva ley de necesidad de reforma o a través de la recolección de firmas. Ambas terminarían, de todas maneras, en convocar a un nuevo referendo. Como decíamos, ello tal vez no está expresamente prohibido, pero vulnera un principio constitucional básico: el resultado de un referendo no es "reversible”, como tampoco lo sería el de una elección. ¿Se imagina el lector que, después de unos comicios se vuelva a convocar a otros porque el que resultó perdedor no acepta los resultados?

Las otras dos opciones son también cuestionables: una es pedirle al Tribunal Constitucional que "interprete”, a lo "nicaragüense”, si los derechos ciudadanos a participar en política, y que son irrestrictos, están por encima de la limitación del Presidente a elegirse una vez más. El fallo nicaragüense, que aceptó ello, eludiendo la limitación de reelección, es una bazofia legal de proporciones internacionales, que fue firmado por seis jueces militantes del partido del presidente Daniel Ortega, y busca ahora ser trasplantado a Bolivia. Ante esta alternativa, el Gobierno la tiene fácil: los integrantes del Tribunal Constitucional están todos bajo el control del Ejecutivo.

La cuarta opción es la más embustera: es que el Presidente renuncie seis meses antes del fin de su periodo para "habilitarse automáticamente”. Con ello, entonces, se pondría fin a la limitación de reelección y se permitiría, de facto, la repostulación indefinida. No se entiende, entonces, por qué el MAS, en su propia Constitución, puso limitaciones en ese aspecto. Si se eligiera esta última posibilidad, el Gobierno estaría en dificultades de explicar por qué, si cree que la repostulación indefinida es "constitucional”, según señalaron, mediante la renuncia anticipada, convocó a un referendo constitucional. ¿Por qué no optó, desde un principio, por esta vía?
Y aunque esta parece ser la más tentadora, ya que evita consultar al Tribunal y, peor, convocar a referendos que podría volver a perder, el oficialismo encontraría un verdadero escollo si la elige: los integrantes del Tribunal Electoral son personas decentes, apegadas a la ley, que el Gobierno no controla, como lo hace con los magistrados constitucionales. Si el Presidente renuncia seis meses antes del fin de su mandato, como ha dicho García Linera, y presenta luego su candidatura ante el Tribunal Electoral, con esa evidente violación constitucional, es obvio que los vocales electorales la rechazarían.

En resumen: lo que los dos primeros mandatarios están haciendo es poner en práctica el viejo adagio popular: "Hecha la ley, hecha la trampa”. Existe una previsión constitucional que impide un nuevo mandato, pero para el oficialismo ello no significa nada. Lo único que les falta es decir que acusarán a todos los candidatos opositores para inhabilitarlos. Ello tampoco está prohibido por la CPE.

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