Editorial

Las dudas sobre LaMia

sábado, 3 de diciembre de 2016 · 00:00
El accidente del avión de la línea aérea boliviana LaMia, que provocó 71 muertos, la mayoría de ellos del club brasileño Chapecoense, al colisionar contra un cerro en las cercanías de Medellín, está empezando a pasar de ser un drama continental a un escándalo político que afecta al Gobierno boliviano.   

Las dudas más serias por el momento se refieren a la relación de parentesco padre-hijo que tiene el gerente de la empresa, el general de aviación Gustavo Vargas Gamboa, con el ahora destituido director general de registro aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas. Allí se encuentra un caso de evidente conflicto de intereses, en el que el hijo de una persona es la encargada de entregar una licencia a su padre, nada menos que para una actividad tan delicada como realizar viajes aéreos nacionales e internacionales, con todos los riesgos que ello entraña, como se demostró de manera dramática en este tema.

Las dudas continúan por el hecho que la DGAC dio originalmente licencia de funcionamiento a las cuatro aeronaves de la línea, para luego confirmarse que tres de ellas no estaban operables.

Otro de los elementos que ocasiona preocupación es que la línea aérea fue formada primero en Venezuela, en 2009, pero no pudo operar por falta de permisos y capital. Y en 2014, tras varios años de esfuerzos infructuosos, la empresa llegó a Bolivia, donde poco después logró, sin mayores problemas, su autorización.

Finalmente, el hecho de que Vargas padre hubiera sido en el pasado piloto del presidente Evo Morales enreda más las cosas, ya que ese hecho puede hacer presumir que su relación privilegiada con el Jefe de Estado (además de que Vargas hijo se hubiera encargado precisamente de dar el permiso), haya facilitado la autorización para que la empresa opere.
 
Obviamente, es de esperar que sean las investigaciones prontas, transparentes y serias las que aclaren tales presunciones. Ya el presidente Morales dijo que él no conocía nada de las operaciones de la mencionada línea aérea, como ha venido sucediendo en varios temas de irregularidades de la gestión.

Con todo, estos elementos conforman un cuadro en el que el prestigio del Estado boliviano está una vez más siendo cuestionado por autoridades de varios países y miembros de numerosas instituciones exigiendo respuestas claras a estas interrogantes. Los informes noticiosos de Brasil y Colombia muestran que ambos países no están dispuestos a enterrar el caso sin desentrañar toda la información relevante en torno a éste. 

Pero hay más: no se entiende bien cómo es que se le permitió al avión de LaMia decolar de Santa Cruz, con rumbo a Medellín, si no tenía la suficiente autonomía de vuelo. El diario El Deber obtuvo un informe de Aasana que originalmente rechazó el vuelo debido a ese elemento y el evidente riesgo de volar con el combustible justo para llegar a destino, pero sin prever emergencias. Pese a ese reporte, la nave tomó vuelo.

El Gobierno ha hecho bien en determinar la suspensión de los ejecutivos de Aasana y de la DGAC para "no contaminar” la investigación sobre el trágico accidente, pero es de esperar que esta investigación sea realmente esclarecedora y no concluya, como es habitual en estos casos, con generalidades obvias.  La FAB y la DGAC no quieren responder algunas preguntas fundamentales: ¿por qué LaMia consiguió un permiso "indefinido” para operar en Bolivia cuando en Venezuela no lo logró? ¿Por qué otras aerolíneas luchan años por conseguir esa autorización? ¿Por qué el Presidente aseguró que no sabía de la existencia de LaMia si Gustavo Vargas, copropietario de la firma, fue su piloto y miembro de la FAB? Dos naves de la empresa están en un hangar de mantenimiento de la FAB desde hace al menos dos años, ¿qué servicio le brinda la fuerza aérea?

Esta tragedia le da a Bolivia la imagen de ser un país de autoridades irresponsables, improvisadas, proclives al tráfico de influencias. Todo esto debe ser aclarado y sancionado.

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