Editorial

Prensa y poder post referendo

sábado, 27 de febrero de 2016 · 00:00
Cuando más se necesita, la posibilidad de "construir puentes” para aportar a un nuevo y más sano debate y reconciliar visiones entre ciudadanos parece no estar entre las prioridades del Gobierno.
 
Lejos de la autocrítica, la evaluación ha ido por las culpas; pero no propias, sino ajenas, y la principal culpable, además de las redes sociales, es la prensa.

No sólo que la campaña oficialista ha tenido como eje la estigmatización de la prensa crítica (o de toda crítica, que no es lo mismo pero es igual),  sino que se han tensado las relaciones con ciertos periodistas "clave”,  a los que –con parecido tenor que la campaña sucia que se ha denunciado- se los ha identificado con nombre y apellido en "memes” y otros, pero a los que hasta ahora no se ha desmentido del todo en sus "revelaciones”.
 
Una de ellas es Amalia Pando, que ha vuelto a la escena mediática fortalecida precisamente por la estigmatización que de ella hizo el Gobierno; el otro es Carlos Valverde, que ha denunciado el caso Zapata y el presunto tráfico de influencias cuando faltaban pocas semanas para el referendo. 
 
Ante las denuncias que ambos han sacado a la luz, el Gobierno ha reaccionado agresivamente, aunque hasta la fecha no se ha comprobado que éstas hayan sido falsas. 
 
En relación con Valverde a ello se ha sumado la  confusión: por un lado amenazándolo con juicios (pero de manera chapucera, confundiéndolo a él con su padre) y, por otra, asegurando que no habrá  represalias. Entre quienes dijeron que lo enjuiciarán están el concejal cruceño por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Tito Sanjinez (el que confundió el nombre del periodista) y el dirigente de la Fejuve oficialista de La Paz, Jaime Vera. También ha anunciado querellas la propia involucrada en el escándalo, Gabriela Zapata, pero, insólito, volvió a equivocar el nombre y lo llamó, en su memorial, "Carlos Valverde Suárez”, cuando su segundo apellido es Bravo.
 
En ese marco, la amenazada velada que lanzó el ministro de la Presidencia es la más preocupante. Quintana señaló que "este ataque artero, desmedido, irresponsable,  obvio que va a tener ‘consecuencias’ después del 21 de febrero”. 
 
Una actitud igualmente amenazante es la que ha tenido el jefe de la campaña del Sí, Hugo Moldiz, quien agredió verbalmente a la periodista de televisión Carola Castedo, a la que acusó de ser "sinvergüenza” y apoyar al No, cuando la vio entrevistar a una persona que denunciaba supuestas irregularidades el día del referendo. Impelido por las organizaciones de prensa a disculparse con la periodista y con la prensa en general, Moldiz se reafirmó en su acusación y dijo que (los periodistas) deben respetar al Presidente.  El respeto es importante, pero no sólo a la figura de las autoridades sino al trabajo de la prensa y a la necesidad de responder no con acusaciones sino con información oportuna y transparente. La agresividad sólo causa efecto contrario; la prueba es que  cada vez que se ataca a un periodista, se suele aumentar la simpatía del público. En el caso de Valverde, se han hecho
llamados a preservar su seguridad; lo propio con Castedo, cuya trayectoria ha merecido muchos apoyos.
 
Estos ejemplos no solamente son ilustrativos de la tensión existente entre autoridades de Gobierno y periodistas, sino de la necesidad de encontrar cauces de sensatez en esta relación y valorar la voz de una prensa seria, crítica y bien informada; que no sólo ponga temas relevantes en el debate, sino tenga la posibilidad de fiscalizar al poder sin el temor de ser señalada ni estigmatizada. Con información pública, con respuestas claras de parte de las autoridades, no existe necesidad de confrontación. 
 
Hay que recordar que si tanto poder adquirieron las redes sociales en el pasado referendo constitucional, con su enorme carga de imprecisión e incluso de falsedad, ha sido porque los medios de comunicación han resignado en buena parte el papel de escenarios de un mejor debate. Es momento de recoger lecciones en varios sentidos, uno de ellos atañe, necesariamente a la relación del periodismo con el poder.

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