Transporte y la falta de soluciones

martes, 22 de marzo de 2016 · 00:00
Una vez más se constata en el país la tradición de deficiente  gestión de los conflictos y la naturalización de los atropellos a los derechos de los ciudadanos que no participan de ellos. El sector denominado de "transporte pesado” y de carga internacional anunció una vez más el abandono de las mesas de trabajo que  realizaban con las autoridades tributarias, según declararon, por falta de seriedad de la viceministra de Políticas Tributarias, Susana Ríos. Acto seguido, el sector convocó a un ampliado para organizar movilizaciones y eventualmente bloqueos de caminos, como lo hicieron a inicios de febrero.

El dirigente nacional del sector, Oscar Reynolds, indicó que la Viceministra los habría dejado plantados y esta falta de compromiso causó la molestia de sus colegas que determinaron dejar sin efecto toda negociación. 
 
Los transportistas exigen al Gobierno la universalidad en el uso de las facturas para lograr descargos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Actualmente, sólo se admiten facturas vinculadas directamente a la actividad -como sucede con otros segmentos de contribuyentes-.  Según la dirigencia de los transportistas, esta condición impositiva los afecta económicamente, razón por la cual determinaron movilizarse en vísperas de Carnaval con un contundente bloqueo de camino y ahora lo hacen en víspera de otro feriado largo -aunque es de esperar que las presiones no lleguen a los bloqueos-. 
 
La reacción gubernamental ha sido de rechazo. El Ministro de Economía afirmó que no hay nada que hablar con el sector, pero ante las amenazas se abrió la posibilidad de diálogo "sin condiciones ni medidas de presión”, que al parecer no ha prosperado.
 
Las autoridades nacionales, que son muy críticas por ejemplo con la nivelación impositiva impuesta por la Alcaldía paceña en el impuesto a bienes inmuebles, no aplica la misma vara en la entidad impositiva estatal, lo que representa una exigencia muchas veces desmesurada a ciertos sectores. Aunque no se puede defender al sector del transporte (al menos el urbano sindicalizado) por las deficiencias en el servicio, se debe admitir que en este caso habría que considerar su posición: todos los costos, con excepción del combustible, han aumentado, pero ellos no pueden incrementar las tarifas. Debido a las restricciones para importar motorizados de segunda mano, un bus que hace 15 años costaba 10.000 dólares cuesta ahora por lo menos 40.000, y sus repuestos se han incrementado en esos porcentajes. A esto se debe añadir el estado de muchas carreteras del país, que es también un factor en contra del transporte pesado. En resumen, habrá que esperar el desenlace de un conflicto que, como es habitual, no está siendo bien gestionado ni de parte de los transportistas ni de las autoridades.

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