El abuso de la detención preventiva

jueves, 3 de marzo de 2016 · 00:00
El Gobierno boliviano y el Ministerio Público, que es un órgano funcional al primero, tienen una determinada visión de la sociedad y la ley que se expresa en la cantidad creciente de juicios contra personas que se realizan estando éstas detenidas. Desde el punto de vista del Gobierno, ello se explica por su inclinación autoritaria. Si una persona es acusada, piensan las autoridades, debe estar presa durante su juicio, que puede durar, como se sabe, años. El concepto de que el sospechoso pueda defenderse en libertad no ingresa en esa  forma de pensar. 

Las detenciones de los acusados en el caso de enriquecimiento ilícito que ha venido a denominarse "caso Zapata” lo demuestran. El Gobierno usa esas detenciones como una manera de acallar a los acusados, de presionarlos, de amedrentarlos. Los tres sindicados -Gabriela Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales-  podrían enfrentar un juicio en libertad ya que es poco probable que, en un caso tan sonado, puedan darse a la fuga. Además, las dos primeras son madres, lo que también es un factor que hace que sea improbable un intento de huida. 
 
El tema del riesgo de fuga es también curioso: el Estado, que ha demostrado no ser demasiado cuidadoso en cuidar sus fronteras y evitar la fuga de personas, como ha  ocurrido de manera numerosa en el pasado, descarga sobre el ciudadano su deficiencia y lo manda a detener incluso en casos de delitos menores. 
 
Por el lado de fiscales y jueces, la proclividad a ordenar "detenciones preventivas”, que en ocasiones duran años, es también cuestionable. De esa manera tienen la capacidad para extorsionar y chantajear a sus víctimas, es decir,  a los usuarios del sistema judicial boliviano. "¿Por qué dejar a un ciudadano a que se defienda en libertad si metiéndolo preso podemos alargar los procesos de manera enfermante y medrar de esa situación?”, es lo que al parecer  se preguntan los operadores de justicia.
 
Esto debería cambiar. Detener a una persona, que es inocente todavía porque el juicio ni siquiera se ha iniciado, es una forma de violar sus derechos más básicos. Claramente, ante crímenes violentos o delitos mayores es obvio que así sea, y ello ocurre en todos los países. Pero en Bolivia el sistema abusa  de esta posibilidad. La negligencia e inhumanidad de jueces y fiscales pasan por encima de toda dignidad y derechos de las personas. Por ello   el país tiene el nivel más alto de personas detenidas sin sentencia. Estos números bajan periódicamente cuando para resolver lo que un sistema ciego, sordo y mudo no puede hacer, los presidentes emiten órdenes de indulto para grupos de detenidos. Pero el problema estructural no se resuelve.

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