La incapacidad con los discapacitados

martes, 12 de abril de 2016 · 00:00
En Bolivia la agenda política siempre suele estar definida por lo inmediato; de ese modo los temas que ocupan la atención de autoridades, actores políticos y ciudadanos siempre son las declaraciones y los escándalos, pocas veces se llegan a discutir temas de fondo  que orienten las acciones de políticos/autoridades, para que luego puedan rendir cuentas de sus actos y sólo cuando nos aprieta el zapato somos capaces de elevar la calidad de nuestras demandas. Por tanto, no existe diálogo político y los funcionarios electos o designados para hacer gestión solo obedecen órdenes de sus jefes y pocas veces son obligados a ofrecer estrategias oportunas para resolver conflictos.

Un ejemplo (más) de lo comentado se está viviendo tristemente en estos días con la marcha de las personas con discapacidad. Este sector de la población, importante en número, es a todas luces uno de los más postergados por las políticas públicas. Aunque los gobiernos nacionales y subnacionales se llenan la boca hablando de las maravillas que hacen para que este nuestro país sea más inclusivo y que se respeten los derechos de todos –especialmente de las minorías-, en los hechos ocurre todo lo contrario. No existe un política seria que garantice una calidad de vida razonable, y menos una inclusión o participación en igualdad de oportunidad en ningún ámbito. En Bolivia  tener algún tipo de discapacidad implica casi necesariamente marginación, pobreza y discriminación.
 
En un país que en el último decenio ha gozado de una bonanza que le ha permitido ampliar de manera inédita la inversión pública, que se precia de su fortaleza económica y sus avances sociales; que tiene al rentismo como sinónimo de distribución de la riqueza y los recursos por excelencia, resulta incomprensible que la demanda de los discapacitados, de contar con un bono mensual de 500 bolivianos en lugar de uno anual de 1.000, no pueda ser ni atendida ni debatida.
 
Cerca a 200 personas con diversos tipos de discapacidad se encuentran en una lastimera marcha hacia La Paz para reclamar por este bono. Llevan 20 días caminando y viviendo a la intemperie, en una imagen de dolor y sacrificio que no debiera permitirse. Las autoridades los han acusado de estar divididos y no representar verdaderamente a los discapacitados; de estar influidos y financiados por la derecha y otros peores; de no saber lo que quieren, de ser intransigentes, etc. Pero hasta ahora  no han conseguido ni siquiera entablar un diálogo y menos ofrecer una propuesta o plan alternativo a este sector.  
 
Es una indiferencia que no puede ser sino sinónimo de incapacidad. Es hora de escuchar una propuesta y un análisis serio de parte del Ejecutivo.

Confidencial

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