Editorial

El destino de los bienes incautados

martes, 19 de abril de 2016 · 00:00
La forma discrecional   con la que aparentemente se administran los bienes incautados por la Aduana Nacional, generalmente de  contrabandistas, ha sido nuevamente noticia.
 
Hace algunas semanas, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Franca Industrial de El Alto, Carlos Blas Sánchez, denunció que vehículos incautados y que no tienen definición jurídica fueron donados por el Ministerio de la Presidencia a organizaciones sociales.
 
Sánchez dijo que hay al menos 120 vehículos en Zona Franca, incautados en los últimos cuatro años por la Aduana, de los cuales una parte ya fue retirada para la donación a movimientos sociales. "No sabemos si es con fines de campaña o con fines proselitistas”, denunció. 
 
Posteriormente, se conoció que el exministro de Gobierno y jefe de la campaña electoral del MAS rumbo al referendo del 21 de febrero, Hugo Moldiz, recibió en septiembre del año pasado, también "en calidad de donación”, 10 ítems del Ministerio de la Presidencia que previamente  fueron incautados al contrabando por la Aduana Nacional.
 
El exministro Moldiz aseguró que recibió esos ítems en su calidad de asesor de la Presidencia y no así a título personal, mientras que el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado en el que niega que el exjefe de la campaña del MAS hubiera recibido tal donación, y sostiene  que se trató de un equipamiento a una oficina pública.
 
Con todo, ambos hechos demuestran un proceder irregular en la administración de bienes incautados. En primer lugar, la Aduana Nacional no puede ceder en calidad de regalo bienes que han sido incautados o están bajo proceso, así éstos procedan de un actividad ilegal como es el contrabando.  De hacerse donaciones, una vez cumplidos los procesos correspondientes, éstas debieran obedecer a un criterio de beneficencia y, en ese caso, estar destinada a organizaciones o entidades que realicen alguna labor en beneficio de la ciudadanía.
 
Administrar y usar  estos bienes para premiar o favorecer a organizaciones con intereses partidarios y más aún en tiempos de campaña es reprochable y refuerza las denuncias de discrecionalidad y prebendalismo con organizaciones funcionales al Gobierno.
 
El que la Aduana Nacional no se pronuncie para responder a estas denuncias y anunciar medidas enmendatorias de estos actos es preocupante, puesto que gran parte de estos bienes no tienen una definición jurídica y no deberían ser de usufructo del Gobierno en tanto la Aduana Nacional, no define si estos motorizados serán devueltos o incautados definitivamente.

Confidencial

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