La exigencia de la lengua nativa

viernes, 22 de abril de 2016 · 00:00
Este diario ha señalado con anterioridad que no puede ser considerado como algo negativo que las personas intenten un conocimiento de las lenguas nativas bolivianas. Como se sabe, alrededor de un 50% de la población se considera a sí misma como parte o descendiente de algún grupo indígena nacional. Esos pueblos indígenas, obviamente, tienen lenguas propias, aunque no siempre sus descendientes las hablen.

Cuando se organizaron cursos para que los funcionarios públicos aprendieran aymara, quechua y otros idiomas nativos, Página Siete lo consideró  adecuado y favorable. Nadie puede estar en contra de que autoridades y otros funcionarios intenten ser bilingües. El bilingüismo, o mejor aún, trilingüismo, es un factor positivo, que debe ser destacado. Que una persona en Bolivia, además de español, hable una idioma nativo o extranjero  es destacable.
 
Habiendo dicho todo esto, también se puede señalar que la regla absoluta de que todos los empleados públicos, para ejercer su función, incluidos los electos, deben hablar un idioma nativo, es excesiva y, sobre todo, impracticable.
 
Incluso el presidente Evo Morales, que se declara a sí mismo como indígena, no habla el idioma de sus padres, el aymara. Menos aún lo hace el Vicepresidente, considerando que es una persona de clase media nacido a mediados del siglo pasado. En ese tiempo, muy pocos hijos de familias de ese sector intentaban siquiera aprender una lengua nativa. En la misma situación están la mayoría de ministros y viceministros, además de los directivos de las cámaras legislativas. No hablan, además de español, otra lengua ni la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, ni el líder del Senado, José Alberto Gonzales. Este dijo, incluso, que no desea aprender una.
 
La inclusión de ese aspecto en la nueva Constitución se explica en la demagogia de ciertos sectores del oficialismo en el momento en que ésta se aprobó. Pero la Carta Magna es normada por leyes posteriores y, en este caso, se podría establecer solamente que los funcionarios, una vez iniciados sus cargos, deben cumplir cursos básicos de algún idioma nacional. Para casos de atención al público, por ejemplo, el requisito debería ser cumplido con más estrictez y siempre debería haber por lo menos algunos empleados bilingües disponibles cuando una persona requiere un servicio estatal y prefiere hacer su trámite en su lengua materna.
 
Por ello es equivocada la decisión del oficialismo de poner como requisito que todos los postulantes a Defensor del Pueblo hablen una lengua nativa. Es discriminatorio, considerando que desde el Presidente, siendo que se declara indígena, tampoco lo hace.

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