Editorial

Violentos en cargos públicos

miércoles, 27 de abril de 2016 · 00:00
Lastimosamente, la mayoría de los postulados en defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia no pasan de ser una expresión retórica. Pasa con los discursos de autoridades; pasa incluso con las leyes (como la 348), aun si éstas han sido objeto de deliberación ciudadana y promoción de parte del Estado; pasa, sobre todo, en los hechos cotidianos, en la familia y en las instituciones.

Un claro ejemplo es aquel postulado que inhabilita a todo funcionario público que tenga antecedente de haber ejercido violencia al ejercicio de su cargo (artículo 13 de la Ley 348). Ya sea para un cargo de designación o elección, este requisito es imprescindible y se entiende que también se aplica en  quienes sin tener  antecedentes ejercen la violencia siendo funcionarios públicos.
 
Sin embargo, esta disposición se vulnera permanentemente: no se producen inhabilitaciones, mucho menos se puede esperar renuncias; todo lo contrario, quienes cometen violencia contra la mujer  se aferran a sus cargos e incumplen con la norma como si se tratara de un requisito incómodo y poco importante.
 
Casos hemos visto muchos, pero el que protagonizó el asambleísta departamental Marín  Sandóval  es uno de los más graves. Denunciado por su propia pareja de violencia, con pruebas e informes forenses, convenció a su víctima de levantar la demanda, realizar un truculenta "conciliación” y después de un fugaz paso por la cárcel, decidió emprender sin contemplaciones el retorno a sus funciones, como si nada hubiera pasado. Tan público y cruel fue el caso, que colectivos de mujeres y ciudadanos se opusieron tenazmente a tal posibilidad. Con el lema "si golpeas te quedas sin pega”, estas personas se movilizaron e hicieron vigilias para impedir las maniobras que tenían al asambleísta golpeador prácticamente de retorno. No conforme con ello, hay una denuncia de que Sandóval habría mandado a golpear -causándole un aborto- a la asambleísta que lo reemplazaba.
 
Otro caso igualmente indignante es el que se dio en Cochabamba, donde la exautoridad de la empresa de aguas que  fue denunciada por violación a una ciudadana extranjera renunció al cargo el año pasado por la presión social, pero se arrepintió. El exfuncionario presentó un recurso de amparo constitucional en contra del alcalde de Cochabamba,  de la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, y otras personas.   
 
Como se ve, las argucias de los funcionarios violentos  prevalecen impunemente.  El mismo Vicepresidente, que se pronunció en contra del retorno de Marín Sandóval a su cargo, debería pronunciarse al respecto.

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