Linchamientos y barbarie

martes, 5 de abril de 2016 · 00:00
Cada cierto tiempo -mucho más frecuente de lo aceptable- se hace público un acto de ajusticiamiento con mano propia a un presunto delincuente. El modus operandi es más o menos el mismo: se conocen los detalles, se describe el padecimiento de las víctimas y se lamenta la barbarie pero pocas veces -nunca, más bien- se conoce a los responsables y mucho menos se los sanciona y/o condena. 

Las fuerzas del orden y los administradores de justicia, en cuyas ausencias se pretende "justificar” estos hechos, proceden con igual lentitud y negligencia a la hora de encontrar a los culpables de los crímenes colectivos cavernarios. Por otro lado, como se trata de "responsabilidades colectivas”, en los ciudadanos de los barrios o vecindarios donde se producen estos hechos se impone la complicidad del silencio y el anonimato. Ni aún ante la sospecha e identificación de los responsables se puede lograr que los vecinos asuman este tipo de hechos como criminales: hasta las últimas consecuencias se considera que el linchamiento es una respuesta radical pero pertinente; un "mal menor” ante la ausencia de la ley y la inseguridad ciudadana. "Si nadie nos garantiza la seguridad, lo haremos nosotros mismos”, parece ser la premisa.
 
¿Qué representa esta constatación que se ha hecho una práctica casi naturalizada en el país? De acuerdo con informes internacionales, Bolivia ocupa el segundo lugar en linchamientos de toda la región latinoamericana.
 
Según la publicación Linchamientos en América Latina, ¿cosa del pasado?, dada a conocer en 2015, los casos más concurrentes de linchamientos producidos en Latinoamérica durante los últimos años han tenido lugar en Guatemala y Bolivia. En 2013,  Naciones Unidas manifestó que "es preocupante que en Bolivia se sigan registrando linchamientos y que falten acciones efectivas de las autoridades del Estado”. También el estudio de 2014  Barómetro de las Américas  de la organización LAPOP, realizado en 25 países, determinó que en Bolivia el 37,2% de la población acepta esos ajusticiamientos.
 
Sin embargo, la última muerte de un hombre con esquizofrenia -que caminaba en busca de su madre ya fallecida-, precedida de una tortura de más de siete horas por parte de los vecinos de la urbanización San Luis (El Alto) al ser confundido con un ladrón, ha sido detonante de un nuevo debate sobre el tema.
 
Ante la contundencia del crimen y la presión ciudadana, las autoridades han tenido que vencer el secretismo de los vecinos y dar con algunos de los presuntos instigadores de estos hechos y en un proceso  abreviado dos hombres fueron enviados a la cárcel de Chonchocoro y tres mujeres al penal de Obrajes. Otras ocho personas se beneficiaron con medidas sustitutivas, que establecen arraigo, con la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía.
 
Es una buena señal, pero sabemos que no basta para desechar de los "usos y costumbres” de los bolivianos estos actos criminales. Es necesario hacer algo para evitar que el linchamiento sea una forma  de administrar justicia allí donde la ley tarde en llegar. No es la primera vez que se registran víctimas mortales en manos de vecinos enardecidos, ni es la primera que de forma consensuada se atropellan derechos supuestamente garantizados en el país -como el derecho a la vida y a juicio justo-. La constatación de una ausencia sempiterna de las instituciones de administración de justicia en el territorio nacional no es suficiente motivo;  debemos reflexionar sobre cuán débil es la capacidad de respuesta institucional del país frente a este tipo de situaciones; el relativismo con que se interpretan estos acontecimientos y, finalmente, la confusión y desorientación que afecta al conjunto del país sobre el rol que debe jugar el Estado en la administración de la justicia. Es preocupante que aún haya sectores de la población que proclamen la independencia de sus decisiones frente al Estado, desconociendo un principio elemental de ciudadanía que es el respeto al Estado de Derecho frente a cualquier tipo de autonomía o jurisdicción.

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