Editorial

Consorcios de abogados

martes, 17 de mayo de 2016 · 00:00
A la profunda crisis de la justicia que atañe a todo el sistema (desde los operadores hasta los procesos)  se debe añadir un otro  elemento: la corrupción y abuso de poder de los llamados "consorcios de abogados”.
 
Un  último caso es verdaderamente ilustrativo de esta forma de prebendalismo y corrupción: el estudio jurídico del abogado Milton Mendoza ha sido acusado de transar fallos judiciales y montar un consorcio con operadores de justicia que beneficiaban o perjudicaban procesos de acuerdo a intereses pactados (entiéndase económicos, principalmente).

Primero fue Vladimir Flores, abogado del mencionado bufete, a quien se le encontró documentos del amparo constitucional contra COTEL, favoreciendo a la cooperativa. Esto desató el escándalo.
 
Luego fue el propio Milton Mendoza, representante de COTEL en varios procesos. Mendoza  fue contratado por el presidente de la cooperativa telefónica, Fabián Guillén, para "manejar” varios casos. También fue aprehendido Ricardo Blanco, el último de los socios del bufete. La pesquisa llegó a sumar, hasta hace pocos días, a 12 personas procesadas y con detención preventiva, entre ellos a dos vocales de la Sala Penal Segunda. En otras palabras, un verdadero consorcio  de jueces, abogados y fiscales.
 
No es el primer caso de estas oscuras alianzas establecidas para extorsionar a personas y favorecer fallos y otros.
 
Recordemos que incluso hace algunos años  se denunció que en el propio Ministerio de Gobierno se había conformado un consorcio para extorsionar a enemigos políticos y manejar casos clave, como los del norteamericano Jacob Ostreicher y del Hotel Las Américas. Sobre el particular, si bien las acusaciones se dirigieron contra quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, dejando librados de culpa a otras autoridades como el entonces viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, este antecedente permite ver cómo y cuán profundo operan estas alianzas perversas en la justicia boliviana.
 
El grado de dependencia del poder político alcanzado por los operadores de justicia en los últimos 10 años es tal, y tal su instrumentalización para fines políticos, que el vicio se ha extendido y la práctica ahora se ha vuelto en un negocio rutinario que, como se ve, opera con  ramificaciones casi imposibles de detectar.
 
El caso o consorcio Ganam, como se llama a este último escándalo, no hace otra cosa que mostrarnos que sin un cambio profundo de la calidad de los operadores de justicia en el país  el mal no podrá ser enfrentado, mucho menos erradicado. Y esto es casi imposible sin independencia.

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