Riesgos de la función pública

jueves, 19 de mayo de 2016 · 00:00
 En días pasados los medios han puesto involuntariamente en evidencia uno de los riesgos de la función pública cuando anoticiaron que la ministra Lenny Valdivia es objeto de varias acciones legales por ciudadanos que ventilan sus frustraciones con el sector financiero en los estrados judiciales. 

No podemos pronunciarnos sobre el mérito de dichas acciones en particular, pero no serán la primera, y tememos que tampoco la última, que una autoridad es el blanco de la ira ciudadana, algunas veces con razón y otras sin ella. 
 
Una de las paradojas de la función pública es que es un servicio a la comunidad para los funcionarios honestos y un medio de enriquecimiento rápido para los otros. En otros tiempos se valoraba más el primer aspecto; hoy en día para el grueso de la población prevalece la visión de lo segundo, consecuencia casi obvia del cuoteo y de la dinámica prebendalista. 
 
La lógica de una mal entendida lealtad hace que a cada cambio de gobierno correspondan las llamadas masacres blancas, que con pocas excepciones van barriendo con aquellos funcionarios de carrera que aseguraban la continuidad institucional tan necesaria para el funcionamiento adecuado del Estado.
 
La dinámica prevista y adoptada por el funcionario que asume un cargo con el fin disimulado de enriquecerse, de obtener fondos para el partido, o simplemente de servir al jefe máximo es demasiado obvia para ameritar mayor análisis. 
 
Pero, pensemos en la persona que ingresa a la función pública con el objeto de servir. Son tan pocos estos idealistas que seguramente muchos lectores habrán sonreído al leer la anterior frase. Pero justamente por no creer en ellos estamos logrando que terminen de desaparecer.
 
Normalmente un profesional capaz que acepta un cargo público sin otra compensación en mente que el salario y la satisfacción, lo hace sabiendo que ganará menos de lo que podría ganar en el sector privado. Nótese la referencia al adjetivo "capaz”. Este profesional normalmente cumple con su función a sabiendas de esa diferencia que es compensada por la satisfacción.
 
Sin embargo, la ironía es que muchas veces ese funcionario que no ha recibido más que un salario, se ve tratado al igual que aquellos que han usado la función para enriquecerse, es decir como un ladrón hasta que se pruebe lo contrario, por querellas ciudadanas y por cacerías de brujas emprendidas por un gobierno tras otro, y éste no ha sido la excepción.
 
Estos "ataques legales” normalmente apuntan a los que han ocupado cargos de alta responsabilidad, pero los funcionarios de menor rango no están libres de esas persecuciones. Se conocen muchos casos de supervisores diligentes que son perseguidos después de dejar la función por socios de empresas supervisadas, y que deben defenderse desde el llano sin los medios financieros para ello, justamente porque no han robado y no tienen partido que los proteja.
 
Pero, volviendo al hecho que origina este comentario,  a los funcionarios les  toca recibir denuncias en su calidad de ciudadanos por el ejercicio de un cargo público -al margen de que ahora ejerza otro- y deben responder a ellas -ciertas o inventadas-, lo que representa un trámite, seguramente incómodo de cumplir. Ésta es, sin embargo, una muestra de los riesgos que entraña el ejercicio de una función pública   y de cuánto y cómo están predispuestos ciudadanos, autoridades y administradores de justicia a exigir a ellos la satisfacción de sus demandas.
 
Es mucho pedir que el ciudadano de a pie pueda distinguir a un funcionario público probo de otros, o renunciar al derecho de hacer los reclamos que considere legítimos ante la justicia, pero lo que está faltando en el país es la institucionalización de la administración pública, que vaya generando el respeto por esa función cuando sea  bien ejercida. 
 
Lamentablemente, este gobierno -incluso con más énfasis que en el pasado- en su afán de conformar un ejército de funcionarios obsecuentes está yendo a contramano de ese objetivo.

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