La deriva del caso Zapata

lunes, 23 de mayo de 2016 · 00:00
El caso Morales-Zapata ha dado varios y erráticos giros; pero es curiosa y preocupante la deriva que ha tenido  a través de la justicia. La fiscal Mariana Montero ordenó la aprehensión de cuatro personas relacionadas al caso, a los tres abogados de la expareja del Presidente (Eduardo Léon, William Sánchez Peña y Walter Zuleta) y a su "tía” Pilar Guzmán.

Es una decisión que atenta contra el derecho a la defensa y el debido proceso, como han señalado  las instituciones colegiadas, que aparentemente busca acallar un caso  que tanto incomoda a las autoridades. Como no importan las razones y, en realidad, podría no haber otras más legítimas, la fiscal Montero acusa a las cuatro personas mencionadas nada menos que de "trata y tráfico de menores” por haber supuestamente mostrado ante otra jueza, que lleva el caso del hijo de Morales y Zapata, a otro niño. Es un sinsentido enorme, que no resiste el menor análisis, pero para el entramado judicial creado por el Gobierno ello no tiene ninguna importancia. En todo caso, la propia Zapata ha librado de responsabilidad a los abogados.
 
Los temores sobre un endurecimiento de acciones gubernamentales tras la derrota del oficialismo en el referendo del 21 de febrero se están empezando a cumplir. El Gobierno está desarrollando una estrategia de acoso a los medios independientes; de acusaciones contra dirigentes políticos; de cooptación de la Defensoría del Pueblo a través de un funcionario de Gobierno  y de amedrentamiento a los abogados y familiares de la expareja del Presidente, entre otras acciones.
 
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas después de que Zapata hiciera nuevas acusaciones de corrupción contra diversas autoridades de Estado y diera más detalles de la conflictiva relación que mantuvo con Evo Morales.
 
Más allá de la poca o ninguna credibilidad que inspiran a estas alturas las declaraciones de la señora Zapata, lo cierto es que las autoridades tampoco han contribuido a aclarar el caso, como demuestran las  declaraciones de las partes    con su secuela de  contradicciones. Algún tipo de poderosas influencias han permitido que una "organización criminal” funcionara en el Ministerio de la Presidencia.
 
El caso Zapata seguirá siendo noticia aunque el Gobierno organice  comisiones legislativas, aumente los cargos contra Zapata y su supuesta socia, la exfuncionaria Cristina Choque. Mientras no se aclare cómo la exnovia de Morales llegó a un cargo tan alto en una empresa como la CAMC, a una edad muy joven y sin ningún antecedente profesional, el oficialismo no podrá dar vuelta la página en este caso.

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