La doble vara de la justicia boliviana

sábado, 11 de junio de 2016 · 00:00
Justamente ahora que se ha instalado la tan esperada Cumbre Nacional de Justicia, que debiera discutir los aspectos centrales de la crisis de administración de justicia en el país, es preciso reflexionar sobre uno de los rasgos que más preocupan y afectan al ciudadano y es la forma en que opera  el Ministerio Público. Además de la conocida discrecionalidad de sus operadores, se advierte una tendencia a la judicialización y penalización por razones políticas. Mano dura a quienes se considera opositores y lentitud, cuando no indiferencia, cuando se trata de acusaciones que afectan a las autoridades.

El caso del título de Eduardo León, quien fuera abogado de la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, demuestra ese contraste. Ante la sola mención de que su libreta militar era falsificada, cosa que no puede saberse todavía porque ni siquiera se ha instalado un proceso al respecto, se decidió quitarle su título de abogado en provisión nacional, con lo que no podrá hacer un ejercicio legal de su profesión.  Pero León no es la única persona que está en esa situación. Otra de las personas acusadas de "ejercicio ilegal de la profesión” por no haber concluido su carrera  es precisamente Gabriela Zapata.
 
La justicia también mostró diligencia y celeridad en el caso del diputado opositor Arturo Murillo, acusado de uso de instrumentos falsificado, aunque no se le probó que hubiese falsificado su libreta de servicio militar.  
 
El contraste se da con la situación de las altas autoridades de Gobierno, que enfrentan situaciones similares, pero no han sido  sindicados ni siquiera interrogados por ningún fiscal. 
 
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que era licenciado en Matemáticas, y como tal firmó varios documentos, incluido  su certificado matrimonial. Luego admitió que no tiene ese título, pero ninguna autoridad, ni de la UMSA, en la que dio clases, ni de ministerios, los  acusaron de nada, aunque existía una evidente probabilidad de ejercicio ilegal de la profesión.
 
La más reciente autoridad en enfrentar este tipo de situaciones  es el ministro de Minería, César Navarro, que por lo menos en un currículum vitae distribuido se presenta como abogado, titulado por la Universidad Autónoma Tomás Frías, de Potosí. El decano de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Silvestre Íñiguez, ha señalado que ello no es correcto. Ese Ministerio ha señalado en un comunicado que en otros currículos presentados por Navarro en el pasado  nunca figuró que fuera abogado. Pero, por lo menos en uno, sí.
 
El Vicepresidente responsabilizó de la inclusión de la frase de "Licenciado en matemáticas” a los funcionarios encargados de la elaboración de los documentos de identidad, aunque está claro que él no hizo nada para rectificar el error. 
 
Como ya se ha insistido desde este espacio, el problema no radica en la ausencia de título profesional, ni en el hecho de que una persona no hay prestado un servicio -el militar- que no debiera ser obligatorio, y mucho menos requisito para nada. Lo preocupante es la  distinta vara con que se juzga a unos y otros y, especialmente, la contundencia con que se aplican las sanciones a críticos y opositores  frente a la indiferencia con que se procede con las "faltas” u omisiones de las autoridades. El caso de León, que guarda ahora detención en el penal de San Pedro, es por demás emblemático.
 
Otro  emblemático caso de la doble vara de la justicia boliviana es el  de la señora Nemesia Achacollo, quien, habiendo sido la máxima autoridad del Fondo Indígena y habiendo sido señalada por varios exfuncionarios como responsable de la aprobación de créditos y proyectos, no ha sido hasta la fecha  sindicada y ni siquiera convocada  a declarar dentro de los procesos que se siguen a otros supuestos implicados.
 
Ojalá la Cumbre pudiera hacer más por debatir la importancia de recuperar la independencia de la justicia del poder político y entrar en un franco debate sobre la mejor forma de garantizar una renovación -también con independencia del poder- de los administradores de justicia.

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