Editorial

Los derechos de los periodistas en la CPE

miércoles, 13 de julio de 2016 · 00:00
En el marco de su ofensiva contra la prensa independiente, descrita por  el expresidente Carlos Mesa como una verdadera "estrategia de demolición” de esos medios por parte del oficialismo, el presidente Evo Morales y otros altos funcionarios de su Gobierno han acusado a los dueños de dichos periódicos de imponer a sus periodistas enfoques y titulares tendenciosos con el objetivo de empañar la imagen y el prestigio del mandatario. 

Página Siete, como uno de los medios aludidos, ha rechazado en su momento  y en este mismo espacio las acusaciones y ha señalado que tales afirmaciones gubernamentales, además de falsas, son ofensivas para los reporteros y editores de esta y otras casas periodísticas que se precian de actuar con independencia de cualquier poder. Página Siete no da "línea” a sus periodistas, como seguramente ocurre en los medios oficialistas, y la única servidumbre que conocen sus periodistas es la que les impone su público lector.  

Pero el presidente Evo Morales fue más allá de las acusaciones mencionadas al afirmar, en una entrevista concedida a un canal oficialista, que los periodistas son "esclavos” de los dueños de los medios de comunicación. "¿Quiénes dicen que no hay libertad de expresión? Los dueños de los medios de comunicación y los periodistas son esclavos de estos medios de comunicación”, señaló. Como acostumbra, no dio ninguna prueba de su temeraria afirmación.

El mandatario no sólo parece ignorar que el trabajo de los periodistas se guía por estrictas normas éticas adoptadas por sus organizaciones, vigiladas por los tribunales respectivos, sino también la legislación que hay en la materia. La Constitución Política no sólo garantiza en su artículo 106 el derecho de "las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, a la libertad de expresión, a la comunicación y a la información”, sino que también les reconoce "la cláusula de conciencia”. Esto quiere decir que ni el dueño ni el director de un medio podrían obligar a un periodista a escribir algo que no está de acuerdo con su conciencia ni despedirlo por esa causa sin correr el riesgo de ser denunciado y demandado legalmente por violación a un principio constitucional. Por fortuna, no se conoce ningún caso de un periodista que haya denunciado una imposición de tal naturaleza o que hubiese sido despedido por no acatarla. 

Por otra parte, al ministro Juan Ramón  Quintana, punta de lanza de los ataques a la prensa, le causó gracia la denuncia que formularon los medios que el Gobierno denomina "cártel de la mentira” ante Naciones Unidas por el acoso de que son víctimas. "Es un perfecto ridículo, una vergüenza”, dijo. "Son el hazmerreír de la gente sensata que sabe que El Deber, Erbol, ANF y Página Siete han constituido la base fundamental sobre la cual a discurrido toda la campaña contra el Presidente”, señaló. "Después de haber difamado con tanta facilidad sin apego a la veracidad, transgrediendo los propios códigos de ética y después de eso ir al  Relator de las Naciones Unidas para quejarse,  el Chavo del 8 queda pálido”, agregó.

Tales opiniones no coinciden con las expresadas por instituciones profesionales de prestigio internacional como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ). RSF denunció el "clima de hostilidad hacia la prensa” boliviana y afirmó que "los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, en tanto que el CPJ señaló que las "acusaciones sin fundamento y amenazas contra los medios de comunicación de Bolivia están claramente dirigidas a frenar el reportaje crítico sobre temas sensibles”.

En el mismo sentido se pronunció el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, quien afirmó  que "la libertad de expresión, la libertad de  prensa es muy importante en cualquier democracia del mundo, en Bolivia como en los 28 países de la Unión Europea”.

Son opiniones que en lugar de causarle gracia al Gobierno, deberían preocuparle.
 

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