Editorial

La detención de la exministra Achacollo

miércoles, 10 de agosto de 2016 · 00:00
El caso del Fondo Indígena es uno de los mayores escándalos de  corrupción sucedidos en  este Gobierno.  Unos 190 millones de dólares fueron repartidos a las cuentas privadas de 975 dirigentes indígenas  para que realicen proyectos de los cuales no se conoce con certeza su utilidad y relevancia y, en muchos casos, ni siquiera si se  pusieron en práctica.

El Gobierno  cambió la manera de entregar esos recursos  ya que un primer proyecto del Gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (el Fondo Indígena proviene de esa época aunque no se puso en práctica) establecía que sólo se podía distribuir recursos a cuentas mancomunadas y que debían existir sistemas de control cruzado entre distintas unidades para poder recibir montos adicionales para los proyectos. El Gobierno actual decidió que se anularan esos controles, que no se exigieran cuentas mancomunadas y que los fondos se distribuyeran a las cuentas privadas de los dirigentes. De esta manera, fueron repartidos recursos sin el debido control, evaluación y mucho menos fiscalización, perjudicando un noble propósito de contribuir con financiamiento a proyectos que beneficien e impulsen el desarrollo de cientos de comunidades indígenas originario campesina en el país.

El proceso de denuncias  e investigaciones  empezó cuando Página Siete evidenció la existencia de proyectos fantasma en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, en noviembre de 2013. Más de un año después, el 12 de febrero de 2015, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, emitió una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena en la que se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados.

Desde esa fecha se han procesado a más de una decena de exejecutivos del Fondo Indígena y también a varios directores de proyectos, muchos de los cuales se encuentran detenidos, aunque ninguno sentenciado. En este marco, una de las demandas de la sociedad civil y los medios de comunicación era que se llame a declarar a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Achacollo fue presidenta del directorio del Fondo Indígena y como tal supervisó decenas de proyectos y conoció de los desembolsos, que alcanzaron a más de 1.300 millones de bolivianos (los 190 millones de dólares mencionados).

En todo este tiempo, las autoridades han reconocido la existencia de indicios de  corrupción: en 2015, la Contraloría General denunció un daño al Estado de 71 millones de bolivianos por 105 obras fantasma; posteriormente, la interventora del ex Fondioc, Lariza Fuentes,  admitió la existencia de obras inconclusas o fantasma por un monto de 102 millones de bolivianos. 

Con todo, Nemesia Achacollo y las autoridades que permitieron este sistema tan flexible, por decir lo menos, de entrega de recursos fiscales a personas particulares, son los responsables de estas irregularidades. Y aunque existe, como mencionamos, decenas de detenidos, los principales responsables de la conducción de esta entidad también deben someterse a las investigaciones.

Achacollo ha sido ahora aprehendida. Finalmente, el Ministerio Público rechazó que la exministra sea trasladada a un hospital como pidió su defensa, y presentó una imputación formal en la que se solicita su detención preventiva. Los cargos de los que se la acusa son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito (aunque este último delito fue anulado de la imputación formal por el mismo Ministerio Público).

Por el momento se  espera la decisión de un juez sobre el futuro de Achacollo, pero es sin duda  positivo y favorable que se haya decidido incluirla en el proceso y que se le  solicite ayuda para el esclarecimiento de los hechos. 

No solamente el país demanda que se actúe con transparencia en este caso -procesando a todos los responsables-,  sino que el propio MAS debe demostrar su voluntad para sentar justicia ante la corrupción.
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