Editorial

El conflicto de las cooperativas

domingo, 14 de agosto de 2016 · 00:00
Las agresivas y abusivas  protestas de los mineros cooperativistas durante los últimos días, nos traen a la memoria  los peores y más tensos momentos de presión de los movimientos sociales a gobernantes y ciudadanos de los que fuimos testigos la década pasada. El MAS  fue parte de esos movimientos: entre los años 2000 y 2005 usó la violencia para debilitar a los gobiernos de turno y empujar una agenda de reformas sociales y políticas que terminó por concretarse en las elecciones de 2005.

En esos años, diversos sectores sociales y sindicatos cometieron excesos y usaron sin límite el derecho a la protesta social, como insistir en extenuantes bloqueos de carreteras y agresiones a la Policía. Un sistema partidario que no entendía la necesidad de enfrentar los cambios que demandaba parte de la sociedad se vio perplejo ante las protestas y terminó sucumbiendo ante ellas.

El Gobierno siempre destacó esas movilizaciones como positivas y hasta ahora lo hace cuando es éste el que las organiza contra sectores opositores (por ejemplo, se realizan periódicas marchas contra los tres gobernadores opositores, los de La Paz, Tarija y Santa Cruz). Pero cuando son manifestaciones contra el oficialismo, se critica el uso del bloqueo y la protesta.

También debemos recordar que el actual Gobierno alentó una alianza con los cooperativistas durante una década, con el  objetivo de ganar votos.  Gracias a esa alianza, los mineros cooperativistas casi no pagan impuestos e imponen sus demandas a punta de dinamitazos. Entre  otras cosas, el uso de dinamita en protestas  fue permitido mediante un decreto supremo que ahora tiene un efecto boomerang.  Muchas  autoridades defendieron  el uso de las dinamitas como recurso legítimo de protesta. Ahora, como era previsible, ese uso indiscriminado está causando víctimas  a un ritmo alarmante.

Pero, yendo al fondo del conflicto, éste se origina en la demanda de los mineros cooperativistas -ahora desde la acera de enfrente- que exigen que una reciente ley de cooperativas sea reformada en varios aspectos: entre otros, que se impida la sindicalización al interior de éstas. Ellos aducen que, como en una cooperativa todos son "socios”, no es necesario que existan sindicatos. Ello puede ser cierto para pequeños grupos, digamos de 10 o 20 personas, pero no cuando las "cooperativas” suman decenas o centenas de trabajadores. 

En realidad, las cooperativas mineras no son tales, tienen unos jefes que detentan el derecho de explotar determinado yacimiento. Sus "socios” tampoco son tales, en realidad son obreros dependientes como cualquier otro. La etiqueta de "cooperativistas” es usada solamente como una cobertura para pagar menos impuestos y no cumplir con las normas laborales y ambientales.  Eso lo supo siempre el Gobierno, pero hizo la vista gorda para tener de su lado a un sector tan numeroso, poderoso y violento como el de los cooperativistas. Debió enfrentar el problema hace años, con sanas políticas públicas, pero dejó que éstos hicieran a su antojo cuando estaban de su lado. De todas maneras cabe aclarar que no todo es negativo a este respecto. El movimiento de cooperativistas mineros surgió a fines de los 80 cuando los precios de los minerales estaban por los suelos. Algunos emprendedores se hicieron cargo de minas y yacimientos que los empresarios "formales” rechazaban.

El Gobierno, con los últimos acontecimientos, se está dando de bruces con la realidad: algunos aliados pueden ser los peores enemigos, como sucediera recientemente con la COB. 

Como prueba,  tuvo que rendirse ante la evidencia del poder de este sector, antes afín,  y aceptar algo violatorio de la ley: el "canje” de mineros detenidos por policías secuestrados. Un hecho así, en el que el Estado cede en el hecho de hacer cumplir la ley y permite que sectores usen armas (las dinamitas lo son) retrotrae al país a la ya mencionada época de 2000 a 2005 y, en realidad, a otros varios periodos de la historia que estuvieron marcados por el conflicto.
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