Editorial

Las conclusiones del caso Zapata

jueves, 25 de agosto de 2016 · 00:00
 Aunque ya no ocupa la atención de las autoridades ni las primeras planas, el caso de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y el proceso que se le sigue en la justicia ordinaria, continúa dando razones para el análisis.

Después de que la Fiscalía absolvió de todo cargo al presidente Evo Morales, al ministro de la Presidencia, Juan Quintana, a los ejecutivos de la empresa china CAMC y otras autoridades que fueron nombradas en relación a la adjudicación de contratos con CAMC, la pasada semana el Ministerio Público libró a Gabriela Zapata de la acusación de uso indebido de influencias y otros tres delitos dentro del proceso por uso ilegal de oficinas de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia. El sobreseimiento señala que "no se ha llegado a establecer y colectar los suficientes elementos de convicción que permitan sostener la imputación formal contra Zapata”.  Zapata fue exonerada por uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Con todo, mientras avanza el proceso y pese a que se han dado por concluidas las investigaciones, siguen apareciendo señales contradictorias, que continúan aportando dudas razonables de irregularidades y tráfico de influencias que no pueden ser obviadas.

Aunque se ha acusado a unos pocos medios de comunicación -entre ellos Página Siete- de ser los inventores de este caso, las sospechas no sólo han sido alentadas por las autoridades -incluido el propio Presidente-, sino por el Ministerio Público. Por ejemplo, la acusación formal presentada por la Fiscalía señala que Gabriela Zapata fue contratada por la empresa china CAMC como gerente comercial porque se trataba (textualmente) "de una mujer de bastante influencia” en el Gobierno y "de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional”. Esta acusación también señala que Zapata visitó desde el 2011 las instalaciones de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y en algunas oportunidades registró su ingreso como servidora de dicha entidad.

Aunque la Fiscalía cree que Zapata y un colaborador personal actuaron solos y simulaban las influencias para impresionar a los empresarios chinos (entre otros), el hecho es que Zapata "obtuvo dinero y/o ventajas económicas (...) que constata el contenido del Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la nombrada firma y Gabriela Zapata, reflejando éste un monto de 144 mil dólares, percibiendo (además) mensualmente un sueldo de 3.000 dólares”. Es por lo menos raro que una firma transnacional como CAMC, con contratos en varios países del mundo, contrate por una suma tan elevada a una ejecutiva sin experiencia, sin pedir nada a cambio.
 
¿Eran tan ingenuos los empresarios  chinos para pagar sólo por una simulación u obtenían, o al menos esperaban, algunos resultados de este lobby? El hecho -comprobado- de que la CAMC llegó a firmar contratos millonarios, de forma directa y gozando de la predilección de los ejecutivos de las empresas estatales, justamente en el periodo en que Zapata era su gerente, no prueba nada, pero sí levanta muchas sospechas. A ello se añade que la CAMC no pagaba aportes a la AFP, no registró a su gerente en el Ministerio de Trabajo, como exigen las leyes laborales en el país.

Es también curioso que los fiscales sigan creyendo que una joven sin título ni experiencia haya logrado engañar, simulando ser influyente, a los ejecutivos de una transnacional sin ayuda de nadie  y lleguen a esa conclusión exonerando a las autoridades nacionales aludidas y sin contar con la declaración de ningún funcionario de la CAMC. Más raro aún es que Zapata termine siendo sobreseída de uso indebido de influencias, mientras sí se la acusa de asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas. ¿Se puede asociar alguien para legitimar ganancias ilícitas sin usar ninguna "influencia”, aunque simule tenerlas? Es, para todos, un trabalenguas, pero es así como está operando la justicia boliviana en este bullado caso. Este tipo de conclusiones pueden resultar funcionales para las autoridades, pero no para el sentido común de los ciudadanos.

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