Editorial

Las Naciones Unidas y los discapacitados

viernes, 26 de agosto de 2016 · 00:00
La delegación gubernamental que asistió a la sesión de las  Naciones Unidas  sobre los derechos de personas con discapacidad, en Ginebra, pasó momentos de vergüenza e incomodidad. No podía ser de otra manera. Después de un largo conflicto (más de tres meses), en el que una movilización de personas con discapacidad fue humillada, maltratada y reprimida, el Gobierno recibió una fuerte reprimenda de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para este tema.

"Este comité tiene información sobre la violencia y represión de la cual fueron víctimas a manos de la Policía de ese país, la que dejó como consecuencia un número considerable de personas con discapacidades de todo tipo, incluyendo a madres, mujeres y niños, lesionados y heridos y sus demandas sin ser escuchadas”, dijo Silvia Quan-Chang, la Relatora de NNUU para los derechos de las personas con discapacidad, según la transmisión realizada por internet. Agregó que esperaba que las autoridades escucharan, en el futuro inmediato, a las personas con discapacidad.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reúne en Ginebra en estas semanas para analizar los casos de Bolivia y otros países. Son eventos rutinarios, pero que tuvieron este año una connotación especial debido a los actos represivos sufridos por este sector en el país y la difusión internacional que varios medios de comunicación le dieron a éstos.

Antes de la sesión, Quan-Chang se reunió en una breve cita privada con Rosemary Guarita, dirigente de los discapacitados, y Violeta Ayala, documentalista y activista del sector, quienes ratificaron los graves abusos cometidos por el Gobierno contra las personas con discapacidad.
La respuesta de la delegación boliviana, según se observó en las transmisiones realizadas por internet, fue penosa. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, basó su defensa en el hecho de que la marcha de los discapacitados estuvo bajo "influencia política” y que existen personas interesadas en dar "publicidad negativa” contra el Gobierno. Su argumentación no aportó información objetiva alguna.

La otra integrante de la delegación, la exministra de Transparencia Nardi Suxo, actual embajadora de Bolivia ante la sede de NNUU en Ginebra, no lo hizo mejor. Dio una confusa explicación de que el Gobierno no acepta dar bonos a los discapacitados para evitar generar una "política asistencialista”, y luego defendió que se entreguen bonos para otros sectores, como madres embarazadas,  escolares y adultos mayores. ¿Y por qué dar bonos a madres embarazadas no es asistencialista y sí lo es entregarlo a los discapacitados? Los Estados ofrecen ayudas financieras, en forma de bonos, en muchos países del mundo, entre ellos Bolivia, a las personas más vulnerables, justamente niños, madres, personas mayores. En ese grupo obviamente pueden estar los discapacitados.

Si deseaba hacer una defensa del tema y mostrar lo que sí hace el Gobierno por las personas con discapacidad, la estrategia no es aludir a una "intención” política o desestabilizadora, que es como se defiende el Gobierno ante cualquier crítica; negar que no hubo una actitud solidaria en este largo conflicto tampoco es una buena estrategia. Cualquier persona que vea las filmaciones, muchas obtenidas por Violeta Ayala, por ejemplo de discapacitados arrastrándose por el suelo intentado huir de los gases lacrimógenos lanzados salvajemente por la Policía, no puede sino solidarizarse con ellos y preguntarse qué tipo de autoridades permiten estos excesos. Los documentales de Ayala, que fueron de conocimiento del comité de NNUU y se han difundido en importantes portales web y medios de comunicación internacionales, han demostrado esa falta de humanidad.

Las denuncias de Guarita, así como las imágenes de Ayala, debieran servir para una autocrítica que permita que verdaderamente se propicien mejores condiciones de vida para las personas con diferentes tipos de discapacidad: hay que admitir que no las tienen.

La entrega del bono que exigían los discapacitados hubiera demandado al Estado la erogación de 35 millones de dólares al año, es decir el 0,1% del Presupuesto General del Estado. Para un Gobierno que gasta en  megaobras, no haber podido resolver con empatía y solidaridad este conflicto, no es buena señal. No darse cuenta de ello, es otro error. 

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