Necesidad de una pacificación nacional

domingo, 28 de agosto de 2016 · 00:00
Los trágicos acontecimientos de los últimos días, que dejaron un saldo lamentable de tres mineros cooperativistas muertos por impactos de bala y un alto funcionario de Estado secuestrado, torturado y asesinado, no son lamentablemente ajenas a la tradición política boliviana ni a la manera cómo grupos sociales ejercen presiones sobre el Estado.
 
Podríamos retrotraernos a los luctuosos hechos de 1946, cuando tres personas asesinadas en Chuspipata, en el camino a Yungas, detonaron graves manifestaciones que incluso terminaron con la vida del presidente de entonces, Gualberto Villarroel. Ello, para no mencionar los numerosos golpes de Estado y asonadas que se han sucedido durante décadas en el país y que han provocado violaciones a los derechos humanos.
 
El Estado, ya en democracia, tampoco ha sido un dechado de virtudes y en muchas ocasiones en las últimas décadas ha usado la fuerza de manera indiscriminada. Los sucesos de septiembre y octubre de 2003, que antecedieron a la caída del segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, son ejemplo de ello.
 
En este recuento no se puede olvidar que también el movimiento cocalero, dirigido entonces por el actual Primer Mandatario, cometió crímenes equiparables a los del viceministro Rodolfo Illanes: en ese tiempo, como ahora, inocentes fueron secuestrados, torturados y asesinados.
 
Es lamentable este círculo negativo y el eterno retorno   a la violencia y al conflicto. Esto se debe a que, aparte de la tradición boliviana que nos empuja hacia ello, las instituciones son tan débiles, poco efectivas y creíbles que la gente se siente compelida a evitarlas y tomar, más bien, acciones por mano propia.
 
Los cooperativistas, por ejemplo, que tienen un pliego petitorio de 10 puntos, no pudieron hacerlo conocer oportunamente a las autoridades, que no aceptaron negociar si persistían las medidas de presión, y también por el autoritarismo de los mineros, un sector conocido por su violencia y proclividad a imponer sus demandas por la fuerza.
 
La reacción del Gobierno ante la tragedia ha sido negativa. El presidente Evo Morales perdió la oportunidad de dar un discurso de unidad, de pacificación, de consuelo, y apostó por la conocida retórica de confrontación, de echarle la culpa a los demás y de no emitir autocrítica alguna.
 
Tampoco se escuchó una explicación razonable e integral sobre cómo es posible que Illanes hubiera viajado solo, con la única protección de su edecán y chofer, que salvaron la vida de milagro, ni de sobre qué hizo el Estado cuando se confirmó el secuestro. La impresión que quedó es que las acciones realizadas, si las hubo, fueron menores y, claramente, insuficientes.
 
Como sea, lo que se necesita es generar un diálogo franco y directo con un sector, hoy señalado por  la brutalidad de su acción. Ese diálogo seguramente no podrá realizarse en el corto plazo, pero es inevitable que en algún momento se intente, debido a que los cooperativistas, por muy depredadores de la naturaleza y violadores de la ley laboral que sean, representan un sector que absorbe grandes cantidades de trabajadores.
 
Ahora que los precios de los minerales están bajos,  los cooperativistas han empezado a subir el tono de sus protestas. Hasta hace uno o dos años todo estaba en calma debido a que sus ingresos fueron elevados, más aún debido a los beneficios que consiguieron en su alianza política con el MAS, reflejada en un casi nulo pago de impuestos y prácticamente ninguna exigencia de cumplimiento de normas medioambientales y laborales. 
 
Pero hoy, cuando la situación ha cambiado, ha cambiado también su estado de ánimo, y de allí las exigencias de ese sector de que se les permita aliarse con empresas privadas, tener acceso a más yacimientos fiscales y ser beneficiados con fondos estatales que compensen la caída del precio de los minerales.
 
Alguna solución debe encontrarse, ya que los riesgos de no hacerlo serán graves para la estabilidad política y social del país.

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