Editorial

Acceso a la información pública

miércoles, 03 de agosto de 2016 · 00:00
 Desde marzo de este año, Página Siete ha emprendido un proceso de investigación periodística para conocer en detalle cada uno de los siete contratos que el Estado boliviano ha suscrito con la empresa china CAMC. La decisión se originó a partir del escándalo conocido como "caso Zapata”, que involucra a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, en una serie de denuncias de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que -en un interminable proceso de denuncias, mentiras y desmentidos- la ha llevado a prisión en calidad de detenida preventiva.

Son cinco dosieres en los que Página Siete analiza los detalles de los procesos de contratación de la empresa transnacional china, el estado de situación de las obras y los problemas, irregularidades y aciertos de cada uno de estos contratos, que corresponden a megaobras estratégicas para el desarrollo del país. 

En cada caso, el equipo de Página Siete acudió a documentos oficiales, visitas en sitio (es decir, a las obras) y entrevistas con los responsables de cada entidad administradora de los contratos; asimismo, acudió a opiniones de expertos y autoridades de Gobierno. Hasta la fecha de publicación del último dosier, el 21 de julio, no se recibieron quejas sobre la información publicada, a pesar de que en algunos casos no se pudo acceder  a las declaraciones de las principales autoridades estatales, aunque existen numerosas solicitudes debidamente registradas.

En el caso del quinto Dosier Siete, que abordó las adjudicaciones  para la Planta Industrial de Sales de Potasio y del Ingenio Azucarero San Buenaventura, se recibió un reclamo de parte de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que envía un extenso documento con información que pide sea publicada y aclarada, y que responde a observaciones que se hacen en la mencionada investigación.

La gerencia de la GNRE afirma que hay de parte de Página Siete "una alarmante y tendenciosa parcialización” pues la investigación toma como fuente únicamente el informe de la Comisión parlamentaria por minoría, y no así el de mayoría. La GNRE pide que se publique otra separata con la información que responde a estas observaciones.

Como aclaramos en la Nota del Editor que se publicó junto a la carta del gerente de esta entidad, Luis A. Echazú,  Página Siete le envió un cuestionario de 11 preguntas, el 13 de julio, en el que se solicita se aclaren los temas que se denuncian en el informe de minoría.  Al momento del cierre del dosier, el 19 de julio, la oficina de comunicación señaló que el ingeniero Echazú había revisado el cuestionario y consideró no responder las consultas.  Llama la atención que la GNRE, teniendo las respuestas a cada uno de los puntos que aborda el informe de minoría, no haya facilitado el documento a este medio oportunamente y que por el contrario solicite una réplica cuando este medio realizó las consultas correspondientes y con la respectiva anticipación.

Es importante recordar a las autoridades que es su deber responder cuestiones que son de interés nacional más aún si son temas que comprometen la transparencia de su ejercicio. Asimismo, recordarles que si bien en Bolivia no se tiene una Ley de Transparencia y Acceso a la Información,  se tiene en vigencia el Decreto Supremo 28168, que "garantiza el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo”. Dicho documento se halla colgado en el sitio del Ministerio de Comunicación. La mencionada norma se aplica en el ámbito del Órgano Ejecutivo, tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado; empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria. Asimismo, establece que: "Toda entidad del Poder Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que solicite cualquier persona, sin discriminación alguna”. La GNRE no puede exigir que Página Siete publique  la información que solicita  en extenso, porque tampoco publicó otros informes completos. Tampoco puede argumentar mala intención de este medio que debidamente esperó su respuesta.
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