El proceso a Humberto Vacaflor

domingo, 7 de agosto de 2016 · 00:00
La decisión del presidente Evo Morales de enjuiciar penalmente al periodista Humberto Vacaflor por unas declaraciones que realizó éste sobre la muerte de los esposos Andrade, hecho ocurrido en octubre de 2000, no sólo afecta a la libertad de expresión, sino que  ha reabierto un tema doloroso para los bolivianos.
 
Casi 16 años después de los sucesos, y cuando parecía que el tema había sido mayormente olvidado, el juicio iniciado por el Primer Mandatario ha hecho que muchos bolivianos recuerden esos aciagos días y que algunos escuchen de ellos por primera vez.
 
 En ese mes se produjo el enésimo bloqueo carretero en el Chapare, como decenas de otros que se realizaron en el país bajo la conducción del entonces dirigente Evo Morales en contra de las políticas de erradicación forzosa de cocales. Se producían muertes con frecuencia, especialmente de cocaleros que enfrentaban a los grupos de erradicadores, pero también de uniformados.
 
 En medio de las protestas de 2000, un grupo de cocaleros tomó como rehenes al teniente de Policía David Andrade, de 26 años, su esposa Graciela Alfaro, de 19, además a los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo. Los acusaban de ser "volteadores” (robar cocaína) y de represores.
 
 Cuando se denunció su desaparición, las autoridades de entonces hicieron enfáticos llamados a que sean devueltos con vida. Sin embargo, fueron hallados muertos a los pocos días. Investigaciones posteriores establecieron que fueron torturados antes de morir. 
 
 Dos supuestos testigos, según recordó la prensa, acusaron en su momento a Morales. Una joven de 16 años, sobrina de uno de los acusados de los asesinatos, aseguró en 2003, ante el fiscal, haber estado en la casa donde estaban los esposos Andrade todavía con vida y afirmó que Morales llegó hasta allí, acompañado de la dirigente Margarita Terán, y no impidió las muertes. Morales fue acusado como "autor intelectual” de tales hechos. 
 
Sin embargo, como recordó el ministro Carlos Romero, la justicia "excluyó absolutamente de cualquier responsabilidad a Evo Morales porque no hubo ningún elemento que demuestre que el ahora Presidente de Bolivia hubiera participado en esos hechos”. Aunque el titular de Gobierno dio el caso por cerrado, la demanda del presidente Morales reabrió el debate. 
 
En declaraciones a una radioemisora, el exsenador y fundador del MAS Filemón Escobar, expresó que Morales y Terán presidieron una "reunión de emergencia” en Villa Tunari donde se decidió la muerte de los uniformados y que no hicieron nada para impedirlo.  Por su parte, el hermano del teniente Andrade, Maico Andrade, reiteró la acusación de la familia a Evo Morales.
 
Lo cierto es que los asesinatos nunca fueron esclarecidos y desde entonces existen dudas sobre estos hechos.
 
Basado en eso es que el periodista  Vacaflor hizo la declaración, a la que el Presidente reaccionó con la demanda judicial por calumnia y difamación.  Vacaflor es un periodista crítico, así que no es aventurado decir que, como en otros casos, la acusación pretende aleccionar, cuando no amedrentar,  a quienes ejercen el periodismo desde una posición  crítica.
 
 Por otra parte,  llama la atención la doble vara que utiliza el Gobierno en materia de  justicia. ¿Cómo se entiende que el presidente haya acusado  a Gary Prado de haber asesinado al Che Guevara y todavía  no hubiese  rectificado?
 
El Primer Mandatario tiene derecho a defender su honra, pero debe hacerlo a través de la norma legal que rige la actividad de la prensa: la  Ley de Imprenta.
 
A estas alturas, el debate sobre  la demanda contra el periodista ha dado paso al reclamo de esclarecimiento de  un hecho que parecía superado y olvidado, pero el tema del respeto a la libertad de expresión sigue abierto. 
 
Quien debe dilucidar si Vacaflor incurrió en falta es el Tribunal de Imprenta, aunque  lo mejor sería que  el Presidente  retirara la demanda, como solicitó el prestigioso  Comité Internacional  para la Protección de Periodistas (CPJ).

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