Editorial

Crisis de ingresos en regiones y municipios

miércoles, 14 de septiembre de 2016 · 00:00
La disminución de los ingresos de los municipios del país es un asunto de preocupación de las autoridades ediles. Como se veía venir, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías de gas disminuirán drásticamente en 2017 en 31 y 35%  respectivamente. Estos datos han sido comunicados a las regiones para que elaboren sus presupuestos. Las regiones más golpeadas con esta reducción serán Tarija y Santa Cruz.

En el ámbito municipal las cosas no van mejor. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, adelantó una disminución salarial del 3% en la planilla del Gobierno Municipal de La Paz por la baja presupuestaria, y la Alcaldía de El Alto -por mencionar las alcaldías más próximas- también reclamó por recortes presupuestarios que afectan su planificación operativa. 

Recientemente, los integrantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM)  de Bolivia y al menos 13 ministros se reunieron para  elaborar agendas de desarrollo productivo y económico de manera coordinada para "afrontar” la crisis actual debido al descenso internacional de los precios  de los hidrocarburos y se anunció que estos ministerios, además de tres entidades  descentralizadas, brindarán asistencia técnica a los gobiernos municipales, reducirán trámites burocráticos y harán que sus gastos sean más eficientes. 

El director ejecutivo de la FAM, el exministro Jerjes Mercado, explicó que con los acuerdos  se pretende mejorar los  ingresos de los 339 municipios y ser más eficientes en el gasto "para no sentir mucho” los efectos de la crisis de la caída internacional de los precios de los hidrocarburos y de otras materias primas.

Son buenas medidas, pero tienen apariencia de manotón de ahogado: los municipios tienen menos recursos e iguales competencias y para lidiar con esta limitación hará falta más que la elaboración de agendas y la promesa de menor burocracia. 

Es  importante que se brinde asistencia técnica para hacer más eficientes las gestiones y optimizar las ejecuciones,  sin mencionar que el hecho que la burocracia disminuya es verdaderamente digno de aplauso, pero con menos recursos y demandas crecientes en lo local no es fácil ser optimista. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha consensuado el tan anunciado y demandado pacto fiscal, que es como la carta de navegación para  construir una visión compartida del desarrollo en función del bien común desde los gobiernos subnacionales y establecer políticas concurrentes a partir de una práctica tangible de la autonomía y la descentralización.

Lamentablemente, también, en los últimos años se ha recorrido el camino inverso: el nivel de coordinación ha sido dificultoso, la elaboración de políticas públicas concurrentes  lo propio y se ha apostado más bien por una mayor centralización en la implementación de políticas y manejo de recursos. 

El Gobierno ha centralizado cada vez más la inversión pública y los municipios, que son los que  recogen las demandas ciudadanas, se han visto en la necesidad de cumplir como se pueda con sus obligaciones, sin mayor margen para la planificación y diseño de políticas a largo plazo que mejoren sus servicios públicos. Ahora, con reducción presupuestaria, la situación es aún más grave.

La alcaldesa alteña Soledad Chapetón decía en entrevista con Página Siete que "el 82% (de los recursos del PGE) lo administra el Gobierno, sólo el 18% se distribuye entre los municipios y las gobernaciones. ¿A quién le pide el vecino agua, luz, alcantarillado, luminaria pública, parque, escuela, salud?”.

Es una reflexión relevante y ante una etapa de crisis de recursos el análisis no puede quedarse únicamente en asistencia técnica sino en decisiones y transformaciones de fondo: del lado del Gobierno para repensar el modelo secantemente centralista realmente apostar por un verdadero pacto fiscal; y de parte de los gobiernos subnacionales para que realicen esfuerzos por generar recursos propios en alguna medida.

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