Editorial

Reglamento de ética en el Senado

lunes, 19 de septiembre de 2016 · 00:00
La bancada oficialista del Senado presentó hace unos días una polémica iniciativa. Esa bancada informó que analiza la aprobación de un reglamento de ética que obligaría a los senadores que tienen una sentencia en primera instancia a pedir licencia de la Cámara durante 12 meses. 

De inmediato se ha denunciado que esta es una norma "con nombre y apellido”, destinada a hacer que el legislador opositor Arturo Murillo sea marginado del plenario del Senado, ya que él es el único que está en esa situación.

Sin embargo, la idea ha sido tomada con entusiasmo por la mayoría de la bancada oficialista. No sólo eso, la senadora opositora Patricia Gómez, del PDC, adoptó la decisión de respaldar el texto del reglamento y pedir que el Senado lo apruebe.

Entre las voces críticas está la del senador oficialista René Joaquino, quien ha señalado que ese reglamento es inaceptable porque es inconstitucional. Algunos magistrados del Tribunal Constitucional también han señalado que la nueva norma podría ser observada por ese ente.

Efectivamente, sería algo inconstitucional aprobar el reglamento porque la Carta Magna señala que los legisladores sólo deben ser separados del Parlamento con una sentencia ejecutoriada, y el caso del senador Murillo sigue en sus etapas de apelación. Además, ninguna regla puede ser aplicada retroactivamente.

La norma propuesta por el Senado nacional hace recuerdo a la ley de autonomías, que obligaba a alcaldes y gobernadores a renunciar ante sólo acusación de fiscal. Mediante artículos de esa ley, que fueron muy tardíamente declarados inconstitucionales, se produjeron destituciones de varios alcaldes y gobernadores opositores, entre otros los de Mario Cossío, en Tarija, y Ernesto Suárez, en el Beni. 

También resulta  curioso el caso del diputado opositor Arturo Murillo: se lo acusa de tener una libreta militar cuyo número está repetido en la libreta de otro ciudadano. Ello, per sé, no implica, como asegura el Gobierno, que el documento sea falsificado. Además, este caso es similar al que vive el ministro de Defensa, Reymi Ferreira: su libreta también tiene un número repetido (aparte de que la obtuvo tras nueve meses de cursos premilitares) y él afirma que ello no implica una irregularidad. 

Ante las críticas, el Senado determinó postergar el tratamiento de la polémica modificación a su reglamento de ética en busca de perfeccionar la norma de manera que sea acorde a la Constitución Política del Estado. Es adecuado: la Asamblea Legislativa tiene un arduo trabajo por delante y es deplorable que concentre esfuerzo en estas medidas  que no le hacen falta al país.

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