Todo lo que hay detrás del Katanas

domingo, 25 de septiembre de 2016 · 00:00
El escándalo que ha derivado con el cierre del night club Katanas y el apresamiento preventivo de su propietario, Marco Cámara, a raíz de las acusaciones de su propia hija, no es sólo producto de un conflicto familiar.  Es, al parecer, un retrato, aún esbozado, de lo que representan las redes (mafias) del negocio de los centros nocturnos y todas sus ramificaciones, incluyendo las delictivas, en el país.
 
Nohemí Cámara, de 25 años, hija del propietario de uno de los más grandes y conocidos clubes nocturnos de La Paz, acusó a su padre del delito de trata, tráfico de personas y organización criminal, y reveló que fue obligada a trabajar como administradora del club Katanas  desde sus 15 años. Sostiene que ha sido testigo de cómo su padre y sus subalternos traen a jóvenes del exterior con promesas de trabajos como modelos, les quitan sus documentos y las exponen a explotación sexual. La joven, que dice haber sido sometida a violencia psicológica, afirma que con esta denuncia quiere evitar que su hermano, cinco años menor que ella, corra su misma suerte trabajando en Katanas. Asimismo, busca que el céntrico inmueble donde se ubica el night club, que es de su propiedad, sea demolido. Por su lado, Marco Cámara  niega toda acusación y acusa de inestabilidad psicológica a su hija.
 
Pero, como decíamos, esta es solamente la parte familiar del asunto, aunque no por ello deje de ser sórdida. El caso Katanas ha dejado ver la punta de un ovillo mucho más preocupante para la sociedad: el de la existencia de redes de trata y tráfico de personas legitimado en estos centros nocturnos con la complicidad de autoridades locales y/o nacionales. Además, como se ha podido ver en días recientes, la enorme cantidad de estos centros que no sólo tienen como materia prima el cuerpo de mujeres, sino que -al funcionar en el limbo de la ilegalidad- pueden ser espacios casi impunes para la comisión de delitos. Según la propia Intendencia Municipal de La Paz,  en la ciudad funcionan más de 10.000 negocios entre lenocinios, clubes nocturnos, bares y otros, el  80% de los cuales funciona legalmente. El 20% restante representa 2.000 locales sólo en esta capital. No es algo que sorprenda: en algunas zonas de la ciudad hay cuadras llenas de estos centros, uno al lado de otro; y de la ciudad de El Alto, es mejor no hablar.
 
Hace unos días, la Fiscalía General del Estado informaba que es en el departamento de La Paz donde se reportan la mayor cantidad de casos de trata de personas del país. Esto implica que no sólo se registran secuestros de esta naturaleza para llevar a las víctimas a las fronteras, sino que se trae a esta ciudad a personas (mujeres, especialmente) para ser explotadas sexualmente. Hay más: de acuerdo a la OEA, Bolivia está entre los cinco países de Sudamérica con más altos índices de trata y tráfico de personas y con altos índices de explotación sexual. Según el reporte, las redes de trata y tráfico utilizan 12 rutas a nivel nacional e internacional para captar a sus víctimas bolivianas. 
 
Si a todo ello se agrega que, como está mostrando este escándalo en uno de los centros nocturnos más famosos de la ciudad, estos negocios funcionan en complicidad con funcionarios de entidades públicas que a cambio de coimas y favores contribuyen a la esclavitud sexual de muchas jóvenes y son parte de grupos de poder muy parecidos a las mafias.
 
Es fundamental que este caso propicie una verdadera revisión de los mecanismos de control y otorgamiento de licencias de estos locales y, si lo amerita, el cierre de aquellos que no cumplan con las normas de salubridad y respeto de los derechos de las personas que allí trabajan. Por lo demás es importante verificar con la mayor claridad posible la existencia de redes de tráfico de personas y abuso sexual a niñas y/o adolescentes. 
 
No es tarea fácil, el alcalde  de La Paz, Luis Revilla, pidió a la Policía que coadyuve en el cierre de locales nocturnos irregulares en la urbe paceña, toda vez que este es un problema que requiere un trabajo conjunto, según dispone la Ley de Seguridad Ciudadana. Esperemos que esto sea una realidad.

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