Editorial

Cambio de actitud hacia las cooperativas

viernes, 09 de septiembre de 2016 · 00:00
Después de haber defendido a los mineros cooperativistas de todas las críticas que especialistas, medios de comunicación y opositores lanzaron durante años,  el oficialismo, una vez que se produjeron las terribles manifestaciones criminales y violentas de los últimas semanas, que provocaron la muerte de seis personas, ha "caído  en cuenta” que ese sector estaba siendo excesivamente beneficiado.

Esta conclusión no es necesariamente parte de una  autocrítica, tampoco de un proceso de  reflexión sobre la relación establecida con este sector y el Ejecutivo, menos sobre los  errores cometidos en la última década: se trata de un cambio circular sucedido en pocas horas, pero que resulta  oportuno.

El Gobierno ha entendido, aunque sin admitirlo, lo que se le criticaba de la relación utilitaria con ese sector: que los cooperativistas en realidad son empresarios que pagan menos impuestos que el resto, que no cumplen con las normas laborales y que desprecian la legislación medioambiental. Además, detalló que estos mineros por cuenta propia recibieron créditos  por 192,5 millones de bolivianos. 

Como se ha ido comentando, incluso antes que se produzcan los recientes hechos, las cooperativas han sido hasta ahora un paraguas para que, bajo éste, empresarios mineros desarrollen su actividad de manera casi totalmente desregulada. Lo hicieron mediante su propia iniciativa (es decir a través de jefes cooperativistas) o firmando contratos de subarrendamiento y riesgo compartido con empresas privadas, algunas transnacionales. El Gobierno hizo la vista gorda  porque los mineros eran una fuerza electoral  necesaria en el pasado. Por un lado el Gobierno  pronunciaba encendidos discursos contra las transnacionales y por otro las favorecía mediante los contratos que permitía el Estado con los cooperativistas.

Además, se permitía que un porcentaje de las ventas sea retenido para uso de las dirigencias de las federaciones, en montos que alcanzaban a 50 millones de bolivianos al año. 

Ahora el Estado ha decidido, mediante decretos supremos, revertir al Estado los yacimientos que hubieran sido dados a terceros mediante contratos de riesgo compartido o subarrendamiento; la reversión de áreas de las cooperativas que no tengan actividad; el control de que éstas trabajen "realmente” como cooperativas; y que las que no lo hacen pasen a ser empresas privadas "regulares”, con cumplimiento de la ley laboral y del resto de la normativa boliviana.

Aunque el problema está lejos de resolverse de forma integral, este es un punto favorable para el Gobierno, aunque la decisión haya llegado 10 años tarde.
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