Castigo por acoso a mujeres dirigentes

viernes, 3 de noviembre de 2017 · 00:00
El acoso es uno de los recursos más usados por los violentos y los discriminadores. No solamente se ejerce de hombres a mujeres, su expresión es siempre del fuerte al débil; de ahí que se dé en las escuelas, en el trabajo, en la calle y, cómo no,  también  en la política.
 
El acoso y la violencia política es parte de la cultura nacional y se ejerce sobre todo contra mujeres electas en el área rural. Con la masiva incursión de mujeres en el campo político y la normas que apuntan a la paridad en la representación de género, ha crecido considerablemente la cantidad de mujeres en cargos públicos electos; lo que no necesariamente ha significado calidad pues claramente esta representatividad ha puesto en evidencia las brechas educativas que hay entre hombres y mujeres (especialmente en el campo) y luego el patriarcalismo en sus relaciones que obviamente hace carne en lo político.
 
Con la aprobación de la Ley 243 contra el Acoso Político hacia las Mujeres, el debate se ha instalado en el país sobre cómo las mujeres representantes elegidas tienen que superar no solamente los desafíos de una buena gestión sino el acoso naturalizado de su pares hombres que las utilizan para llegar al poder y luego sacarlas de sus cargos con violencia (incluso hasta la muerte) o las discriminan al punto de someterlas a todo tipo de vejámenes que también apuntan a alejarlas del ejercicio de sus cargos.
 
Desde 2012, año en que se promulgó esta norma, sólo ocho mujeres se animaron a denunciar, ante el Tribunal Supremo Electoral, debido a que fueron obligadas a renunciar a sus cargos. La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral confirmó que la presión se ejerce sobre sus vidas personales y sus familias. A pesar que la ley está vigente, ninguna entidad pública, incluida la Asamblea, aprobó un reglamento que permita a las mujeres denunciar los casos.  
 
Ahora, el proyecto del nuevo Código de Sistema Penal plantea sancionar con hasta seis años de cárcel el acoso político a las mujeres candidatas, dirigentes sindicales, de organizaciones políticas o de control social. La norma actual sólo ampara a las mujeres electas  por el  voto popular para un cargo público.
 
La oposición ha calificado de positiva la norma, aunque  advierte  que implica el riesgo de que alguna dirigente recurra a este artículo para amedrentar a quien no comulgue con su línea sindical o ideológica.  Evidentemente, este es un riesgo latente, pero habría que decir que es positivo, por otro lado, que se incluya a las mujeres que ocupan cargos de dirigencia en otros movimientos sociales, donde el acoso, la violencia y discriminación son permanentes.  

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