editorial

Manifestación de proclamación

martes, 19 de diciembre de 2017 · 00:00

Dos aspectos sobresalen sobre los tantos que se podrían comentar de la manifestación realizada en Cochabamba el fin de semana pasado y que fue organizada para que los adherentes del presidente Evo Morales lo proclamen como su candidato para 2019.


El primer aspecto es el rasgo obligatorio de la asistencia a la manifestación. Funcionarios públicos del Gobierno central, además de Gobernaciones y Alcaldías en manos del oficialismo, fueron forzados a asistir al mismo, sufragando cada uno de ellos el gasto de transporte y hospedaje. Decenas de denuncias llegaron a las redacciones de los medios de comunicación de funcionarios a quienes se les advirtió que, de no asistir a la concentración, serían despedidos. Varios diarios publicaron además fotografías de funcionarios haciendo colas para recibir sus fichas y, así, demostrar que asistieron al evento y evitar represalias. 


Por otra parte, los sindicatos y otros grupos de presión, con las mismas formas autoritarias, lograron movilizar a sus simpatizantes e integrantes.


El oficialismo ni siquiera se molestó en desmentir aquello. Si hasta hace unos años todavía se intentaba disimular estas actitudes, hoy se han hecho comunes y naturales. 


Hay que decir que no es el MAS quien las inventó y que no es el único partido que las practica, pues se ve este mismo tipo de instructivos en gobiernos municipales en La Paz y Santa Cruz. 


Pero, volviendo a esta proclamación, incluso las oficinas estatales en La Paz suspendieron sus actividades el viernes por la tarde, indisimuladamente. Pese a eso, Morales dijo sentirse “sorprendido” con la alta asistencia de público al evento. Nada de eso asombra a los observadores de la política nacional.


El segundo hecho que vale la pena comentar es la turbadora declaración del Presidente. Turbadora por lo sincera: que había logrado ser habilitado para un cuarto mandato “gracias a sus abogados y a sus asambleístas”. Esto demuestra lo forzada y artificial que es la autorización del TCP para que Morales pueda postular indefinidamente a la presidencia. El Mandatario no se refirió a “apoyo popular” o “deseo de la sociedad” para continuar en el poder, sino a sus abogados y asambleístas. Tampoco habló de la “independencia” del TCP. Dijo la verdad, en realidad.


La triquiñuela leguleyesca de haber acudido al Pacto de San José para habilitar al Mandatario, señalando que se trata de defender su “derecho humano” a volver a postular, no fue más que eso, un ardid de sus abogados. El problema es que con ese recurso pisoteó el voto popular del 21 de febrero de 2016 que, con el sufragio  de más de 2,6 millones de personas, decidió que Morales no podía postular a un cuarto mandato. Pero Morales tiene razón: un puñado de avezados abogados oficialistas logró sobreponerse a esos millones de votantes. Aunque en justicia, los abogados, por muy avezados que fueran, no hubieran logrado un fallo favorable si es que no tuvieran a los magistrados del Tribunal Constitucional.  


No es menos preocupante, que después de todas estas evidencias, sin ningún atisbo de disimulo, el Presidente y su entorno continúen apostando por la polarización al sostener que las personas o medios que pongan en duda el rotundo éxito de su convocatoria al apoyo popular para continuar en el poder son “de la derecha” o proimperialistas. 


Sin duda esta retórica ha sido y puede ser aún funcional, pero es cada vez más incómoda para miles de ciudadanos que no están interesados en las posiciones partidarias sino en los resultados y en el respeto a sus decisiones y necesidades. Estos ciudadanos han configurado, el último año, una nueva oposición en Bolivia. 


La salud de una democracia se aprecia en los gestos de quienes la respetan, así sea en contra de sus intereses. Los recientes e inmediatos ejemplos de una democracia fuerte como la de Chile y una totalmente erosionada como la hondureña deben darnos motivos para reflexionar en torno a las acciones de la política nacional.
 

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